La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado hoy ante el magistrado que instruye la querella de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.
Lastra ha asegurado que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de difundir la nota aclaratoria sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal.
La fiscal superior de Madrid ha detallado que recibió la orden directa y que se le trasladó el "imperativo" de difundirlo, ya que ella se negó a hacerlo por verlo incompatible con el deber de confidencialidad. Tras recibir la orden de García Ortiz difundió al nota en cumplimiento con el artículo 25 del Estatuto Fiscal. Dicho artículo establece que "el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".
Recuerden que la cacería contra Ayuso, continúa. Pese al criterio y la presión de la Fiscalía de inadmitir la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) seguía adelante y el Ministerio Público movía ficha, apartando de la causa a María de la O Silva y fijando al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes para que asuma el caso.
El juez Francisco José Goyena redactó una batería de diligencias y exigió a la Fiscalía que identifique tanto a las personas “concretas” que redactaron ese comunicado, como a quienes “intervinieron en la decisión” de hacerlo público, incluido el “máximo responsable (en rango)” de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación.
Ayer miércoles fue el propio fiscal general del Estado, casi un mes después de la petición de Goyena, quien presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asumía la responsabilidad de la nota de prensa, asegurando que no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas".
Admitió su culpa no sin antes decirle al TSJM que no tiene competencias para investigarlo, algo que compete al Tribunal Supremo, según expresó él mismo.