El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no pasa por sus mejores momentos, varios órganos judiciales no lo dejan tranquilo, anulando nombramientos hechos por él mismo o llevándole la contraria. Pero García Ortiz, inasequible al desaliento, continúa con su funciones al servicio de Moncloa.
Y ahora también a petición de Puigdemont, recurriendo la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de aplicar la amnistía al expresidente catalán.
Recordemos que Llarena se negó a conceder la amnistía al considerar que la malversación de caudales públicos no se limita al beneficio dinerario de los implicados, sino beneficio en sentido amplio del término. Así, en su caso utilizaron los fondos públicos para pagar el referéndum impulsado por ellos mismos, el 1 de octubre.