Es la guerra total. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este viernes entre 8 y 27 años de prisión para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por pertenencia a organización terrorista (8 años de cárcel), y a ocho de ellos, además, por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista (11 años). Tranquilos, todos ellos serán amnistiados por Sánchez y podrán volver a las andadas sin ningún problema. Todo sea por la convivencia… de Sánchez en La Moncloa.
En su escrito, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los doce acusados formaban parte de un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una organización terrorista paralela a los CDR con el objetivo de llevar a cabo acciones violentas con explosivos y sustancias incendiarias.
Mientras el fiscal hacía su trabajo, Sumar, es decir, el Gobierno, presentaba una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, por presunta prevaricación por su resolución contra la amnistía. Están incluidos en la querella los vocales conservadores contrarios a la amnistía que, según la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, excedieron las competencias del CGPJ y emitieron una resolución “ilegal”.
Como se ve, la guerra es total y ha llevado, incluso, a que 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo remitieran esta semana una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, criticándole por no defender a sus colegas fiscales del ‘procés’ del acoso por parte de los separatistas, concretado en las comisiones parlamentarias aprobadas por el PSOE y Junts contra ellos.
Lo dicho: es la guerra total y abierta entre los poderes del Estado.