Esta mañana -viernes 9 de agosto- se han reunido el presidente saliente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), y el electo, Salvador Illa (PSC), para realizar el traspaso de poderes tras la investidura de ayer del segundo.

Illa consiguió los votos de PSC, ERC y Comuns Sumar para hacerse con la presidencia a cambio de un acuerdo que contempla una financiación singular para Cataluña, es decir, que esta región podría recaudar el 100% de los impuestos y dejar de contribuir al principio de solidaridad interterritorial.

Pues bien, la patronal Foment del Treball manifestó hoy su satisfacción por la investidura de Illa y valoró "postivamente" el acuerdo de financiación de Cataluña, en un comunicado.

Esta semana, Ángel de la Fuente (de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada-Fedea) calculó "un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana. Esto elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 y un 50 por ciento desde un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022, situándola claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral. Extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales".

Ángel de la Fuente añadía: "El dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) tendrá que salir de algún sitio. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos".

Es decir, que el concierto económico catalán sería un desastre para España.

Por ello, hasta el expresidente del Gobierno socialista Felipe González dijo esta semana que, si fuera diputado del PSOE, "no lo votaría" porque supone "romper la solidaridad" entre territorios. Y ha advertido a los diputados socialistas que "nunca podrían ir a su territorio a explicarle a la gente que hemos roto la solidaridad, que es un mandato constitucional mediante el cual el que más tiene aporta más y el que menos tiene recibe más en compensación". Aunque ha añadido: "Yo no le digo a cada uno lo que tiene que hacer".

Pero al presidente del Gobierno, mudo tras la farsa de ayer con Puigdemont, todo esto le da igual porque él sigue en el poder. Así felicitó ayer a su lacayo Salvador Illa: