El precio del alquiler ha aumentado en un 5,45% en el segundo semestre de 2023, según el 'XXXVIII Informe sobre el mercado de la vivienda' que han elaborado el Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Esta cifra se dispara en las ciudades con las llamadas 'zonas tensionadas': podemos observar una subida de hasta el 9,7% en Barcelona, el 7,82% en Madrid, el 8,04% en Sevilla y el 7,84% en Valencia.

Lo que demuestra, una vez más, que la política de alquiler podemita, abrazada por el PSOE, ha fracasado. Poner topes al precio del alquiler sólo ha servido para que el propietario renuncie al arriendo, los jóvenes no puedan alquilar, pues les sale tan caro como comprar y para fomentar la okupación. Es más, la política de vivienda socio-podemita, ha convertido el alquiler en una opción que sale más cara que comprar. 

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Ante el fracaso más que evidente los socialistas parece que se plantearon, ¿por qué no fomentar la vivienda en propiedad en lugar de fomentar el alquiler, cuando, además, has fracasado en el intento?

Por lo que ahí estaba la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para copiar el plan de Vivienda de Ayuso. 

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Y hoy la antaño ministra portavoz ha coseguido que el Consejo de Ministros apruebe su 'novedoso y original' plan, dando luz verde a la línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo y una renta que no supere los 37.800 euros. Además, no se podrá tener un patrimonio superior a los 100.000 euros.

Lo ha anunciado a bombo y platillo la titular de Vivienda: "Es un convenio con el ICO que vamos a cerrar tras este acuerdo del Consejo de Ministros al que tendrán que adherirse después las entidades financieras con las que ya hemos mantenido conversaciones".

Medida que no ha gustado a sus socios de gobierno. Sumar ha rechazado la propuesta y opta por impulsar un parque de vivienda pública y prohibir en los mercados tensionados, ojo al dato, la compra de viviendas que no sean para vivir. 

Es conveniente recordar, en este punto en el que la política de vivienda socialista ha dado un giro de 180 grados, que Sánchez utilizó la vivienda como la bandera de su campaña electoral, cuando hizo uso del Congreso para dar su mitín político y anunció la promoción de 43.000 viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles... que aún estaban por construir y que siguen sin edificarse. 

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Otro de los anuncios electorales de Sánchez fue que iba a destinar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. Idea que no se le ocurrió durante los cuatro años en Moncloa, si no a unas semanas de las elecciones. Pero es que además, de las 50.000 viviendas que nuestro gran líder anunció, 21.000 eran para Comunidades Autónomas, de las cuales 14.000 ya estaban habitadas y 15.000 se tenían que construir, eso sí, en suelo propiedad de la Sareb.

Pero ya no es sólo que algunas ya estén habitadas y otras ni construidas, sino que sólo 15.000 estaban en capitales de provincia, dejando casi el 70% en provincias pequeñas, y si hablamos de las que están en las famosas zonas tensionadas en las que los precios del alquiler son muy altos, el número seguía bajando. Por lo que se preveía que el impacto de la medida fuera muy limitado. 

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Y así ha sido, de estas 21.000 viviendas a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, se han vendido 350, cifra que no llega ni al 2%. Por ejemplo, un edificio de 42 viviendas en Carabanchel, que se ha vendido de la Sareb al Ayuntamiento de Madrid, pero claro, ese edificio ya llevaba dos años habitado bajo régimen de alquiler social, por lo que la gran medida del Gobierno sólo ha hecho que la propiedad cambie de manos.