Nuevo escándalo del Gobierno social-comunista, que desde que ha llegado al poder no deja de deteriorar las instituciones democráticas, todas.

En este caso, además, profundiza en el deterioro de una institución crucial, como es la de la Fiscalía General del Estado. Ya la había comenzado a deteriorar nombrando a una antigua ministra socialista, Dolores Delgado, para ocupar un puesto al que se le presupone cierta neutralidad política.

Pero es que, el Gobierno de Pedro Sánchez  —quien dijo aquello de ‘La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? Pues ya está’—  ha decidido ‘colar’ entre las enmiendas a la ley concursal una que establece que si el fiscal general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. De salir adelante esta modificación, posibilitará que la actual fiscal general Dolores Delgado sea fiscal de Sala del Supremo cuando abandone el cargo.

Es decir, el Gobierno que tanto criticaba las ‘puertas giratorias’ de la política al sector privado ahora pretende establecer una ‘puerta giratoria’ pero del sector público al público.

El Gobierno que tanto criticaba las ‘puertas giratorias’ de la política al sector privado ahora pretende establecer una ‘puerta giratoria’ pero del sector público al público

Las reacciones no se han hecho esperar. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha considerado que "ahonda en la politización de la Fiscalía”. Considera que "la vía elegida para la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)" sugiere "cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual fiscal general del Estado". Así las cosas, ha asegurado que la medida es "un despropósito" y ha insistido en que "ahonda en la politización de la Fiscalía”. A su juicio, la promoción del fiscal general cesante a la máxima categoría de la Carrera Fiscal "no es algo que le haga ninguna falta ni produzca ningún beneficio" al Ministerio Público. "Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del fiscal general con el Gobierno", ha subrayado.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, lo ha calificado como "absolutamente impresentable” y ha subrayado que desde el PP se ha pedido esta reforma para impedir que perfiles políticos ocupen el puesto de fiscales general del Estado. "La ley tiene que prever una imposibilidad de que quien ejerció en política pueda serlo", ha afirmado. "Sánchez ya advirtió de que él era el que mandaba en la Fiscalía y el que va a mandar en el futuro de los fiscales", ha recordado López. El consejero considera que lo que hay que reformar es el estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar "la imagen de imparcialidad y neutralidad" del fiscal general del Estado, "seriamente comprometida por el pasado político".

Sin embargo, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que la enmienda del PSOE a la ley concursal entra dentro de la "normalidad" en la tramitación legislativa. Y ha explicado que se trata de una "recomendación" de un grupo de Estados contra la corrupción del que forma parte España y que insta a "adoptar este tipo de decisiones precisamente para garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, garantizar el desempeño de sus funciones y también cuando deja el cargo”. Ha defendido, en esta línea, que se trata de una técnica parlamentaria que se utiliza "con muchísimos cambios normativos". "Es una ley del Ministerio de Justicia y esta enmienda es también del Ministerio de Justicia", ha añadido.

Y es que la jeta de este Gobierno social-comunista alcanza cotas desproporcionadas hasta ahora en la democracia española.

Por cierto, ¿es que van a cesar a Dolores Delgado? Si no, ¿a qué viene un cambio tan precipitado?