El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (exministro de Transformación Digital y Función Pública y también de la Seguridad Social con Pedro Sánchez) muestra en su declaración de bienes oficial un total de 398.000 euros en propiedades. Sin embargo, El Debate ha publicado que no aparece en esa declaración de bienes tres viviendas que cuentan con un valor de 2,7 millones de euros: un chalet en Torrelodones (por valor de 1,2 millones), a las afueras de Madrid, otro en Jávea, en la costa de Alicante, y por último un ático de lujo en Benasque (Huesca).  

Al día siguiente, El Debate añadió que el chalet de 1,2 millones de Torrelodones que Escrivá no ha declarado es la sede de una sociedad instrumental -de nombre Garesc 100 SL- que el exministro socialista usa, lo que le permite pagar menos impuestos. 

Además, esta sociedad Garesc 100 SL es la propietaria de un ático dúplex que el exministro tiene en Benasque (Huesca). Teniendo este inmueble a nombre de la sociedad y no al suyo como persona física, Escrivá se ahorra el pago de cuatro impuestos (renta presunta en el IRPF, parte del pago del Impuesto sobre el Patrimonio, deducción de gastos en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de Sucesiones), explica el mismo medio.

Además, El Debate ha informado hoy de que Escrivá utiliza a su mujer como persona interpuesta para controlar Garesc 100 SL, una práctica prohibida por la Ley de Altos Cargos, a la que está sometido. 

Cabe recordar que en el año 2015, poco después de ser elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez se mostró totalmente en contra del uso de este tipo de sociedades: «La cuestión no es solamente la legalidad, la cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir dos pasos por delante de la legalidad. Si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva». 

 

De hecho, en 2018, tras ser nombrado ministro por Pedro Sánchez, el periodista Màxim Huerta tuvo que dimitir por haber usado una de estas sociedades mercantiles.