Como informó Hispanidad, tras la citación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez para declarar como investigada el próximo 5 de julio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez arremetió contra el magistrado en una nueva y cursi epístola: "Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones".
Ayer, el juez Peinado dictó una providencia en la que responde a Sánchez -y a todo el Ejecutivo que también le ha atacado por eso- que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso».
Y respecto a la norma no escrita (o sea, costumbre), respaldada por el Tribunal Supremo, que aconseja no tomar decisiones judiciales que puedan interferir en una campaña electoral, el magistrado explica que "la costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos" solo es de aplicación en cualquier ámbito jurídico "en caso de ausencia de ley". Y añade, como pullita final, que ni la Junta Electoral de zona ni la Junta Electoral Provincial le han comunicado "que haya sido proclamada en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citadas como testigo o investigada". Toma ya.
Cabe recordar que tras el ataque masivo del Gobierno al juez Peinado, los jueces de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente defendieron a su colega Peinado y replicaron a Sánchez que los tiempos de la justicia no los marca la política -y mucho menos los políticos-, al mismo tiempo que defendían la separación de poderes frente a las insinuaciones de que el juez del caso Begoña interfiere en la campaña electoral.
Por otra parte, según informa hoy Voz Populi, los siete vocales de la Comisión Permanente del CGPJ han acordado de forma unánime -es decir, tanto los conservadores como los progresistas- defender al juez Peinado el próximo lunes, tras la celebración de las elecciones europeas.
Y, en relación a los ataques que están recibiendo los jueces -y el poder judicial, en sentido amplio— por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios en el Congreso, hoy La Razón publica una información (citando fuentes dentro del Tribunal Supremo) que asegura que, ante la inminente publicación en el BOE de la ley de Amnistía a los delincuentes golpistas catalanes, los jueces del Supremo ven estos ataques del Ejecutivo como "preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir", es decir, ante las futuras medidas que tomen, después de su entrada en vigor.
Los jueces del Supremo añaden: «Cualquier decisión judicial que no comparten la identifican con ‘lawfare’ y con un complot contra el Gobierno». Por tanto, vaticinan que «a medida que la Ley de Amnistía se vaya aplicando, o no, entenderán lo mismo: que los jueces están cortocircuitando la vida política».