Tras el ridículo mundial que hizo ayer España con la no detención del fugado de la justicia española Carles Puigdemont -que entró en nuestro país, se paseó por Barcelona, dio un mitin y se volvió a fugar sin que los Mossos hicieran nada para detenerlo- este viernes, Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que mantiene encausado a Puigdemont por un delito de malversación y que por eso ha mantenido su orden de detención en nuestro país, ha pedido explicaciones a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior.

Lo ha hecho en dos providencias en las que pregunta a la policía autonómica catalana y al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska que en qué consistió el dispositivo para detenerlo, desde que pisó territorio nacional; y también ha preguntado Llarena qué se hizo después de que se hubiese fugado, para detenerlo. 

El juez Llarena pregunta "quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo". Y quiere conocer "los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto policial". 

Cabe suponer el cabreo monumental del magistrado instructor de la causa del 'procés' y más cuando hoy mismo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que su cliente ya se encuentra fuera de España y que hablará entre "hoy o mañana".

Ayer, para disimular el más que probable pacto entre el Gobierno de la nación y Junts para permitirle a Puchi hacer su performance a cambio de que no interfiriese en la investidura como 'president' de Salvador Illa (PSC), los Mossos hicieron como que habían tomado cartas en el asunto deteniendo a dos de sus agentes que supuestamente le habrían ayudado a fugarse de nuevo, de los cuales uno, además, ya ha sido puesto en libertad. 

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Así que lo más seguro es que todo sea una farsa, porque a Pedro Sánchez le interesaba que Puchi tuviera su minuto de gloria para desactivar la estrategia victimista de Junts y evitar que su detención fuera una excusa para suspender el pleno de investidura de Illa.

La tomadura de pelo alcanza el paroxismo cuando se le escucha a otro delincuente amnistiado como Jordi Turull (Junts) contar hoy que el fugado llevaba en Barcelona desde el martes y que ya ha vuelto a Waterloo (Bélgica), donde reside desde el 1-O.

Y encima, hay que aguantar el cinismo del Gobierno echando la culpa a los Mossos: lo ha hecho hoy el ministro socialista Félix Bolaños. 

Pero como daño colateral  -y eso a Sánchez le importa un rábano porque lo único que le importa es él mismo y el poder-, el prestigio del supuesto Estado de derecho de España ha quedado por los suelos... Y si no, asómense a la prensa internacional

Hoy la farsa ha continuado con declaraciones como la del conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena (es decir, independentista acérrimo) quien ha excusado a los Mossos aduciendo que "el operativo policial no estaba preparado para un comportamiento tan impropio de Puigdemont". Y lo ha dicho así, sin enrojecer, lo que denota altas dosis de dominio de sí. 

Por su parte, el director general de los Mossos, Pere Ferrer, ha dicho que en el operativo "hubo aciertos y errores". El poli incluso se ha permitido el lujo de entrar en política: "La orden de detención contra Puigdemont sólo existe porque no se aplica la Ley de Amnistía". 

Mientras que Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos, ha afirmado que querían realizar la detención de Puigdemont "en el lugar y en el momento más idóneo". "Queríamos que se cumpliera la defensa del orden público y del orden constitucional".

Elena, Ferrer y Sallent: no somos idiotas. No os dio la gana de detenerlo porque teníais órdenes de no hacerlo y punto.

En cualquier caso, conviene insistir en el “yo me comprometo a traer a Puigdemont de vuelta a España” que pronunció en su día Sánchez. Las risas se oyen en Sebastopol: