El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supermo, Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ha acordado nuevas diligencias, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para intentar recuperar la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en dos dispositivos móviles de Álvaro García Ortiz, así como en una cuenta de correo electrónico, explica el CGPJ en nota de prensa.
Para ello, el instructor dispone que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios Whatsapp LLC y Google para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto del usuario Álvaro García Ortiz.
Cabe recordar que, casualmente (o no tanto), el fiscal general del Estado borró mensajes y cambió de móvil una semana después de ser imputado por el Supremo. Y no hay que ser Sherlock Holmes para sospechar de esa conducta…
En su auto, Ángel Hurtado considera que la petición de la UCO es coherente y razonable, por lo que accede a ella con la finalidad de intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. Señala que, “tratándose de la recuperación de conversaciones o mensajes, lo que se pretende, e indicando la UCO que para ello es necesario la realización de actuaciones y requerimientos que, al respecto nos apunta, y refiere en el propio oficio, tendentes a intentar llevar a cabo la recuperación de la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea, en la medida que la solicitud que se interesa es razonable, y coherente con las consideraciones que en el propio oficio se recogen, apuntadas en el fundamento anterior, se ha acceder a ello, tal como se trasladan a la parte dispositiva de la presente resolución”.
De esta manera, el juez Hurtado -que es un profesional del Tribunal Supremo, es decir, un magistrado que ha llegado allí por méritos propios- continúa su concienzuda labor para probar si realmente el fiscal general cometió delito al revelar información reservada de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para perjudicar políticamente a esta, en una operación que se sospecha que se urdió desde La Moncloa, y que cada vez más se acerca al presidente del Gobierno.
Porque, ¿quién sabe si en esos mensajes de WhatsApp y Google -si ambas compañías acceden a la petición del juez- se encuentra alguna relación con el móvil del propio presidente del Gobierno?
De momento es sólo una conjetura, pero...