Como decíamos ayer, un sinfín de instituciones se han pronunciado en contra de las cesiones que Pedro Sánchez ha realizado a los partidos independentistas para poder seguir en el poder, entre ellas, la Ley de Amnistía a los delincuentes del 'procés', que ayer mismo registró el PSOE -el PSOE en solitario- en el Congreso. 

La amnistía y la asunción del término 'persecución judicial' ('lawfare' en inglés) supone también acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y un atentado contra el poder judicial, a quien además el legislativo podría pedir cuentas de sus actuaciones. Es decir, que supone la abolición del estado de derecho y acabar con la división de poderes en España, por la "intromisión en la independencia judicial”. 

En ese contexto, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un escueto pero firme comunicado, que dice así: 

"La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, por unanimidad:

1.- Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.

2.- Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.

3.- Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

No hace falta ser una lumbrera jurídica para darse cuenta del malestar de los jueces... ¡del Tribunal Supremo! Con la deriva política autoritaria protagonizada por Pedro Sánchez en España.  

Un Pedro Sánchez que lo tiene todo muy medido y calculado. Porque sabe que esa Ley de Amnistía corre el riesgo -pese a las tretas y obstáculos incluidos en el propio texto para tratar de evitarlo-de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por diversas instancias, entre ellas el propio Supremo, cuyo juez Pablo Llarena (Sala Segunda), como instructor de la causa del 'procés', podría hacerlo. 

Y ante esa eventual circunstancia, el líder socialista tiene atado y bien atado al Tribunal Constitucional, que en estos momentos ostenta una mayoría 'sanchista' de 7 a 4. 

Por cierto que, entre esos siete magistrados 'progresistas' del TC figura el exministro de Justicia en el Gobierno del propio Sánchez, Juan Carlos Campo quien, en la propuesta de indulto a los delincuentes del 'procés' -en la anterior legislatura, también porque Sánchez lo necesitaba para que le aprobaran los presupuestos y poder seguir gobernando-, el 22 de junio de 2021 llegó a afirmar lo siguiente: "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito". 

Sin embargo, ahora en la ley de Amnistía registrada por el PSOE se dice que está "lejos de ser una figura inconstitucional". Lo recordaba ayer Vicente Vallés en su informativo:

Y lo recordó ayer también Hispanidad, recogiendo las declaraciones de todos estos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en la anterior legislatura definiendo la amnistía como "inconstitucional".

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¿Qué ha cambiado? Que Sánchez necesita los 7 votos de Junts. Un escándalo mayúsculo que anuncia un choque de trenes entre el Supremo y el Tribunal Constitucional... O lo que es lo mismo, entre las dos 'Españas' judiciales. Porque, insistimos: Sánchez todo lo que toca lo tensiona y lo divide (¿se acuerdan de la votación en una urna detrás de una cortina en un comité federal del PSOE o del ‘no es no’?

Aun así, de un Tribunal Constitucional dominado por el sanchismo no cabe esperar ni un atisbo de ecuanimidad u objetividad para valorar la ley de Amnistía, que pasará el filtro... para salvar a su amado líder, Kim Jong Sánchez...

Por lo que sólo nos quedará por ver la opinión de Europa…