Recordemos los antecedentes: el Tribunal Supremo ratificó recientemente --a falta de publicación de la sentencia el próximo mes de septiembre-- la condena a seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la inhabilitación durante 15 años para el también expresidente Manuel Chaves --ambos históricos del PSOE-- por el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía,  en el que se llegaron a defraudar nada menos que 680 millones de euros.

Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009, y también recibió una condena a inhabilitación absoluta durante 15 años. Por su parte, Chaves fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo.

Según publicó El Confidencial, la mujer de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarán la petición de indulto parcial para el expresidente andaluz alegando su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia». El documento, que será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Asimismo, señalan que será presentado tras la publicación de la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.

Ahora El Confidencial añade que el Gobierno indultará a Griñán porque "no puede eludir el precedente de Junqueras”, el líder de ERC —y vicepresidente de la Generalitat durante el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017—  condenado por desobediencia por el Supremo y que, al igual que sus compañeros indepes, fue indultado por Pedro Sánchez porque le convenía políticamente tener a buenas a los nacionalistas catalanes para que le dejasen gobernar.

Pues bien: ABC publica una información que recoge el malestar de muchos jueces españoles ante el indulto que prepara Pedro Sánchez para Griñán, sobre todo tratándose de un caso de corrupción.

En concreto, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, advierte sobre el riesgo que se corre de generar desafección en los ciudadanos cuando el Gobierno concede indultos en casos como el de los ERE y otros delitos cometidos por autoridades y relacionados con la corrupción: «Se puede contribuir a que la ciudadanía piense que los políticos se están perdonando a sí mismos. Eso debe valorarlo el Gobierno».

«El ciudadano no puede confiar en nuestro sistema si piensa que da igual lo que haga un político que comete un delito de malversación o cualquier otro relacionado con el desempeño de su cargo porque otro político va a perdonarlo», reflexiona María Jesús del Barco, presidenta de la APM, asociación mayoritaria en la carrera judicial. «En el caso ERE, según la sentencia que conocemos, se utilizó el dinero público para hacer una red clientelar, para conseguir votos y mantenerse en el poder, no para construir un colegio en Málaga o Sevilla», llama la atención. «La sanción debe ser cumplida porque si se traslada que un político está por encima de la ley, ¿cómo van a confiar los ciudadanos en las instituciones?», se pregunta esta magistrada, recoge ABC.

En el Foro Judicial Independiente tampoco ven con buenos ojos esta medida de gracia. El juez y portavoz nacional de esta otra asociación, Fernando Portillo, recuerda que su aplicación debe ser excepcional como en el típico caso de un condenado por robo diez años después de haberlo cometido. «En nuestro país, el indulto no es excepcional. No responde a fines de utilidad pública o de justicia social. Ha servido a los políticos en el gobierno de turno para perdonar a miembros de su partido o por mero amiguismo», lamenta este responsable. «Se corrigen decisiones de los jueces que han llevado mucho coste tanto de personal como de dinero público para sacar adelante procedimientos complejos», explica Portillo, añade ABC.

Eso sí: Juezas y Jueces para la Democracia, que representa al ala más progresista de la carrera, aboga por utilizar «con prudencia y de forma excepcional» los indultos, pero nunca para delitos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas como son las torturas, señala su integrante Edmundo Rodríguez. En el caso de Griñán, sí cree que debe «tenerse en cuenta» que el tribunal estaba «dividido» y dos magistradas emitieron votos particulares a favor de la absolución de Griñán y de otros cuatro ex altos cargos por malversación, recoge el mismo medio.