La actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González —que fue nombrada hace poco más de dos meses para relevar a la dimitida María Gámez, cuyo marido Juan Carlos Martínez estaba siendo investigado por la justicia— deja el puesto para poder figurar en las listas del PSOE en los comicios del 23J. En concreto, entrará en el número 10 de la lista por Madrid, encabezada por el propio Pedro Sánchez.

La ley electoral exige que, para poder ser elegible como diputado al Congreso, no se puede ocupar ningún cargo público.

El hecho de haber sido la persona que menos tiempo ha ocupado el cargo —de nombramiento político— al frente de la Guardia Civil no ha pasado desapercibida para el Instituto Armado. 

De hecho, para la asociación mayoritaria profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), el puesto ocupado por Mercedes González “ha sido un trampolín para dar el salto a la política nacional".

En declaraciones a Voz Populi, mandos de la Guardia Civil lamentan la "utilización política" de la institución: "Se ha convertido en un puerto de entrada y salida de cargos, más que en una dirección como tal del Cuerpo”. 

En efecto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha dedicado a despreciar y denigrar a la Guardia Civil con este tipo de actitudes: por ejemplo, al cesar al coronel Pérez de los Cobos porque este se negó a darle una información que estaba bajo secreto judicial. De hecho, el Supremo anuló el cese posteriormente. 

Por hacer memoria, en marzo de 2021, González (miembro del PSOE madrileño) sustituyó a José Manuel Franco al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid. 

Cuando tomó posesión del puesto el 4 de abril, en su relevo a María Gámez reivindicó la “honradez y honestidad” de su antecesora y señaló que “ninguna estrategia política” podría “manchar” el trabajo de los agentes al “servicio de los ciudadanos”.

Otro que alabó la supuesta honradez de Gámez fue su jefe, el ministro del Interior, Grande Marlaska, quien señaló sobre su renuncia que fue un "gesto máximo de la pulcritud democrática, la lealtad institucional y la lealtad al Gobierno".  

Pero tan sólo veinticuatro horas después de la dimisión, El Debate desveló en exclusiva que Gámez se compró en 2012 un ático dúplex valorado en un millón de euros el año en que su marido había cobrado de los ERE de Andalucía. El Debate también publicó la adquisición de otros tres inmuebles más, dos en Málaga y un cuarto en Madrid. 

Y hasta un quinto: también El Debate publicó que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional descubrió que Gámez  ocultó la compra de un quinto piso en el centro de Málaga. En el momento de la compra, Gámez era subdelegada del Gobierno en Málaga. La operación de compraventa se llevó a cabo a través de la sociedad Job Management Liberty SL, empresa que se encuentra en el epicentro de la investigación judicial al marido de la ex jefa de la Benemérita. Adquiriendo el piso a través de una persona jurídica y no como persona física, Gámez se aseguraba la discreción a la hora de obtener la titularidad del inmueble. De la misma manera, se ahorraba el pago de cuatro impuestos.