El pasado 11 de marzo, el pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de Vox y declaró que la mesa del Parlamento vasco había vulnerado su derecho a la participación política tanto en la denominación del Grupo Mixto como en la limitación de sus funciones parlamentarias, publicó en una nota de prensa.

"También se estima, con el apoyo del Ministerio Fiscal, la queja de la recurrente (Amaya Martínez, diputada de Vox) referida a que la Mesa del Parlamento le había limitado tanto la presentación de iniciativas (una cada tres Plenos ordinarios) como el tiempo de intervención en los debates, que sería de un tercio del correspondiente al resto de los grupos; así como incluir una interpelación y cuatro preguntas orales cada tres Plenos de control al Gobierno autonómico”, señala el TC.

"A la recurrente en amparo se le impide presentar iniciativas parlamentarias, así como formular interpelaciones y preguntas de control al Gobierno en dos de cada tres plenos, reduciéndosele el tiempo de sus intervenciones orales a un tercio respecto de los demás grupos; es decir, durante dos sesiones plenarias se les impide a los recurrentes el ejercicio de las funciones parlamentarias más genuinas, como son las de las iniciativas (proposiciones de ley o no de ley, mociones) y las de control al Gobierno, lo que afecta al núcleo esencial del ius in officium”, añade el TC.

El alto tribunal, además, ha anulado la decisión de impedir que el grupo se denomine Grupo Mixto-Vox.

El conocido como ‘cordón sanitario’ en el Parlamento vasco se adoptó al inicio de la actual legislatura, por sendos acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco los días 13 de agosto y 8 de septiembre de 2020. La propuesta fue consensuada por el PNV (31 parlamentarios), EH Bildu (21), el PSE-EE (10) y Elkarrekin Podemos (6); es decir, contaba con el aval de todos los grupos salvo el PP-C´s (6 parlamentarios) y, evidentemente, la única parlamentaria de Vox, recuerda La Vanguardia.

Aquella decisión fue recurrida por la formación de Santiago Abascal y ahora, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, se tumban aquellas decisiones.

En consecuencia, la única representante de Vox disfrutará ahora de tiempos idénticos a los de grupos como el PNV, EH Bildu o el PSE, con 31, 21 y 10 diputados, respectivamente.

Así pues, en el pleno de este viernes, Amaya Martínez, podrá interpelar al Gobierno vasco tantas veces como quiera. A partir de ahora también podrá presentar tantas iniciativas como desee, recoge ABC.

«Una vez conocido el fallo no podíamos sino acatarlo», reconocen fuentes parlamentarias del Parlamento vasco. Por eso la Mesa en su reunión del martes ha aceptado la petición de Vox y ha dejado en suspenso todos los acuerdos del llamado cordón sanitario. Explican que ahora se encuentran a la espera de recibir la sentencia íntegra por si hubiera que realizar algún ajuste más en el reglamento, añade ABC.

Tras conocer la decisión del Constitucional, Amaya Martínez mostraba su satisfacción y en una primera valoración criticó la «escasa catadura democrática» de los partidos que apoyaron el cordón sanitario. «De Bildu no nos extrañamos, de Podemos tampoco nos extrañó, pero nos llamó la atención que PNV y PSE sucumbieran a este tipo de actos», añadía.