La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó información a las autoridades suizas y de otros países en el marco de la investigación que realiza para esclarecer las finanzas del rey Juan Carlos. Resulta que en esa solicitud, la Fiscalía habla de “elementos indiciarios” de que los fondos que investiga tienen procedencia ilícita.
Horas después, el Ministerio Público ha aclarado mediante un comunicado que “no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación”.
Ya era demasiado tarde. La información publicada por El Mundo ya había surtido efecto y el Rey emérito ya estaba en boca de todos. Mientras, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, acudía a La Zarzuela para entregarle a Felipe VI la memoria anual de la institución.
La reacción de la defensa de Juan Carlos I no se ha hecho esperar: “En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”, ha denunciado a través de un comunicado. Los abogados del Rey emérito señalan, además, que se ha vulnerado la presunción de inocencia y recuerdan, asimismo, que la solicitud de información no es pública.
El mensaje del Gobierno, tan exquisito con el cumplimiento de las leyes, ha sido unánime: hay que dejar actuar a la justicia. Pero ningún ministro ha recordado que el Rey emérito no está imputado por ningún delito y que hay que respetar la presunción de inocencia. Por qué será que no nos sorprende.