El delito de malversación de caudales públicos no se puede amnistiar, según el auto dictado este lunes por la Sala Penal del Tribunal Supremo, lo que sin duda supone un palo para Carles Puigdemont, que deberá continuar fugado si no quiere ser detenido. Y es que, en la misma resolución, el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, ha mantenido la orden nacional de detención contra Puchi y los exconsellers, Antonio Comín y Lluis Puig, también acusados por malversación.

Es decir, la malversación no cabe en la amnistía ni tampoco la malversación de los que fueron condenados y posteriormente indultados. Hablamos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

El auto incluye, además, a los indultados Junqueras, Turull, Romeva y Basa

Una de las claves del auto: la malversación de caudales públicos no se limita al beneficio dinerario de los implicados, sino beneficio en sentido amplio del término. Así, en su caso utilizaron los fondos públicos para pagar el referéndum impulsado por ellos mismos, el 1 de octubre.

El único voto particular de la Sala ha sido el de la magistrada Ana Ferrer: “La Ley que ahora aplicamos nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la Ley quiere amnistiar, ese es el sentido que surge de la letra de la norma, excluyendo solo los casos en lo que en el curso del mismo hubieran podido producirse desviaciones hacia supuestos de corrupción personal”. Ese ha sido el único voto particular de la Sala presidida por Manuel Marchena.