Ha pasado un año desde la aprobación de la Ley de Vivienda y "nada ha cambiado para los afectados por la ocupación e inquiocupación, seguimos siendo un colectivo invisible y desamparado por la legislación española": así de tajante comienza el informe de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Desde que la norma estaba en fase de anteproyecto, los afectados han solicitado, mes tras mes, una reunión con Vivienda y Justicia para transmitir "la gran inseguridad jurídica que planteaba la propuesta, así como las gravísimas consecuencias que provocaría una medida que sólo protege a una de las partes de un conflicto", estas solicitudes han sido ignoradas por ambos ministerios.
La principal consecuencia de este pasotismo e inacción por parte del Gobierno es que la situación se sigue agravando, con los okupas e inquiokupas cada vez más amparados.
Desde la Plataforma recalcan que la Ley de Vivienda se usó como "principal reclamo electoral" y que la norma ha quedado lejos del principal fin para el que se creó: el acceso digno a una vivienda digna a colectivos vulnerables: "el silencio, la inacción o el desconocimiento institucional al aprobar la Ley de Vivienda ha provocado el hundimiento del mercado del alquiler (en un 90% sostenido por pequeños propietarios), reduciendo la oferta y aumentando los precios y requisitos para acceder a una vivienda de alquiler".
Para los afectados, la causa de este hundimiento no es otra que la ocupación e inquiocupación, "base de la inseguridad jurídica actual del mercado del alquiler". Mientras el sistema sigue en caída por "la falta de medidas jurídicas efectivas para luchar contra quienes ocupan sin un título legal una vivienda".
Asimismo selañan "la carencia de vivienda social que hace que las administraciones públicas no ofrezcan recursos habitacionales a sus familias vulnerables y deriven, por omisión de ayuda y de manera malintencionadamente, esta responsabilidad sobre los pequeños propietarios víctimas de la ocupación e inquiocupación". Por supuesto, también dan visibilidad a los "larguísimos procesos judiciales para expulsar a los okupas y a unos servicios sociales que obvian en sus informes de vulnerabilidad las consecuencias de la okupación sobre los propietarios".
"Pese a todo, los afectados seguimos reclamando insistentemente medidas para paliar la falta de seguridad jurídica y los graves perjuicios económicos, personales y morales que se derivan de una legislación que protege a quienes cometen un delito y deriva la responsabilidad de las administraciones públicas a quienes sufren las consecuencias del delito".
"La legislación protege tanto a familias vulnerables como a okupas e inquiokupas, pero no a quienes sufren las consecuencias de la inquiocupación, que en muchos casos pueden llegar a ser igual o más vulnerables que quienes se esconden tras este amplio paragüas".