En lo que llevamos de semana en Hispanidad nos hemos hecho eco de unos ocho casos de okupación: sólo hoy hemos publicado dos, ayer mismo hablábamos de la iniciativa del PP en el Congreso ante este grave problema que mantiene a los propietarios en vilo.
Según un estudio realizado por Idealista, "el tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos". Y es que a cierre de 2023, dicho plazo medio roza los 24 meses, "sumando el periodo medio de los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales, en caso de recurso".
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 12 meses en 2023. A lo que hay que añadir el tiempo de apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales, cuyo promedio está en 11,2 meses.
Y con este panorama, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha negado que la morosidad sea un problema en el sector del alquiler residencial: "Es irrelevante". Ha sido en el Cercle d'Economia, en el que ha defendido la Ley de vivienda, tan criticada por tantos expertos, y ha apostado porque se debe desarrollar y "reforzarla".
Rodríguez ha lamentado la falta de "compromiso de las comunidades autónomas" a la hora de desarrollar el texto legal para implementar, entre otros puntos, los instrumentos de garantía para los propietarios o los sistemas de arbitraje. Es decir, si para Irene Montero el problema de la okupación es Ana Rosa Quintana, para la ministra Rodríguez el conflicto lo crean las comunidades. ¿Comprenden?