Como ha recogido Hispanidad, una multitud de instituciones relacionadas con el poder judicial se han pronunciado en contra de las cesiones que Pedro Sánchez ha realizado a los partidos independentistas para poder seguir en el poder y que, entre otras cosas, contemplan la amnistía a los delincuentes del ‘procés’. 

Y es que la amnistía y la asunción del término 'persecución judicial' (lafware en inglés) supone también acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y un atentado contra el poder judicial, a quien además el legislativo podría pedir cuentas de sus actuaciones. Es decir, que supone la abolición del estado de derecho y acabar con la división de poderes en España, por la "intromisión en la independencia judicial”. 

Entre las instituciones figuran la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. O la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba un duro comunicado que calificaba el pacto  --que contemplaba la amnistía y las referencias a la judicialización de la política-  entre socialistas e independentistas como una «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes».

También se han opuesto la Comisión Permanente de los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España; la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria de jueces de España, con 1.355 jueces asociados. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con 859 jueces asociados. Juezas y Jueces para la Democracia, afín al PSOE, con 436 jueces asociados. Foro Judicial Independiente, con 335 jueces asociados. Y los jueces decanos de 80 partidos judiciales de toda España.

Economist&jurist ha recogido declaraciones del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en la clausura del XV Congreso Nacional de Procuradores, celebrado en Granada. 

Está “profundamente preocupado” porque se haya registrado la petición de estas comisiones de investigación parlamentaria. Califica la iniciativa de “inoportuna y enormemente perturbadora de nuestra convivencia  y funcionamiento instituciones tensionadas en los últimos tiempos”.

“No se deben utilizar mecanismos control parlamentario para designios partidistas ajenos a la legalidad” y ha llegado a hablar de “fraude de ley” porque, a su juicio, se pretende “legitimar la utilización desviada de las instituciones”.

“Ante la espuria finalidad es este tipo de mecanismos contraria separación poderes y mas propio de otros sistemas fundados en la subordinación poder judicial, ruego encarecidamente escuchar a la sociedad civil y operadores jurídicos”, ha subrayado Guilarte, que ha instado a las fuerzas políticas a no secundar esta “sectárea iniciativa, dañina para nuestras instituciones. Su persistencia nos va a tener a muchos enfrente”.

Por otra parte, Economist&jurist recoge también que jas asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ratifican su oposición a la amnistía en sus respectivos congresos.