Como se recordará, el pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado -titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid- abrió diligencias sobre las actividades comerciales y profesionales de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal) y corrupción privada en los negocios (artículo 286 bis del Código Penal), como consecuencia de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, presidido por el abogado Miguel Bernad.
Poco después, se conocía que el juez Peinado, lejos de arrugarse ante este caso de tanta trascendencia para la política española -y cuya judicialización motivó el paripé de cinco días de Pedro Sánchez diciendo que se retiraba para valorar si dimitía o no, y cuyo resultado todos conocemos- encargó a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil -unidad especializada en anticorrupción- que se haga cargo de la investigación del caso 'Begoña Gómez’.
Pues bien: hoy martes ha sido noticia que la UCO ya ha redactado y enviado su informe sobre el caso 'Begoña Gómez’ al juez Peinado, un informe que no aprecia indicio alguno de delito en la actuación de la esposa del presidente. Más en concreto, la Guardia Civil apunta que "no se tiene constancia" de que el encuentro entre Gómez y Javier Hidalgo, uno de los directivos de Globalia (grupo propietario de Air Europa), "pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate a Air Europa".
La UCO tampoco ha "identificado indicios" en la adjudicación de los concursos convocados por Red.es -entonces dependiente del Ministerio de Economía- a la empresa de Juan Carlos Barrabés (que fue profesor del máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense), pese a las cartas de recomendación de Gómez sobre esa empresa.
Así las cosas, desde el PP se ha apuntado al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, como autor de la filtración precisamente "la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso", en la que Sánchez mañana dará explicaciones sobre el caso de su mujer. "Por el momento solo conocemos la parte que ha decidido publicar el medio de comunicación. Quedamos a la espera de conocer el informe en su totalidad", dicen desde el PP. Y añaden: "Las mismas explicaciones que reclamamos ayer las reclamaremos mañana en sede parlamentaria y aplicaremos los estándares éticos a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez intentó aplicar siempre a los cargos de otras formaciones políticas".
En este contexto, cabe recordar cuando el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue cesado por Grande-Marlaska (en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid) alegando "pérdida de confianza", por su negativa a informar al ministro del Interior sobre las pesquisas judiciales en torno a la manifestación celebrada el 8 de marzo de 2020 al inicio de la pandemia del Covid-19. El coronel Pérez de Los Cobos se limitó a cumplir las órdenes de la jueza del caso.
Tras su cese, Pérez de los Cobos recurrió a la justicia y finalmente, en marzo de 2023, el Tribunal Supremo dio la razón al coronel, y dictaminó que su cese por parte del ministro Marlaska fue ilegal, por lo que el Ministerio del Interior debía restituirle como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Un caso, el del coronel Pérez de los Cobos, que ejemplifica muy bien cómo se las gasta el ministro Fernando Grande-Marlaska que, cabe recordar, es juez de profesión...