El pasado 9 de diciembre, el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, echó al jurista crítico con la amnistía, Manuel Fernández-Fontecha, de la Comisión Constitucional.
Galindo argumentó para su cese que el cargo de Fernández-Fontecha era provisional. Pero todo el mundo sabe que su “purga” se debió a que no ha comulgado con la rueda de molino de una amnistía a los delincuentes del ‘procés’, una medida que el letrado había denunciado argumentando que los pactos "privados" entre el PSOE y Junts modificaban "de facto" la Constitución.
Además, cabe recordar que Galindo fue nombrado secretario general de los Letrados del Congreso por Francina Armengol, presidenta del Congreso, lo que no genera precisamente confianza en su imparcialidad…
Ahora, se ha sabido que Fernández-Fontecha se ha rebelado contra su cese por parte de su jefe y lo ha recurrido ante la misma Comisión Constitucional, pidiendo ser devuelto a su puesto.
Y también hoy, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que pedirá explicaciones al Gobierno por este cese de Fernández-Fontecha, quien, recientemente, en unas declaraciones en esRadio, insistía en que la Ley de amnistía que pretende aprobar este Gobierno como pago a Junts por sus siete votos en la investidura "tiene un obstáculo enorme, que es el artículo 9.1 de la Constitución Española" que establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". "Esto quiere decir que si la Constitución no admite expresamente la amnistía es imposible, porque entra en colisión directa con el artículo 9.1". Pero, como ha reiterado, "no ha descubierto el Mediterráneo", ya que cualquier técnico que conozca la Constitución diría lo mismo. "A mí me parece evidente" ha remachado.