La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su partido, Sumar, ha llegado a un acuerdo con el partido de la coalición de Gobierno, PSOE, para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

"Acabamos de alcanzar un acuerdo en el que la petición de Sumar para derogar la Ley Mordaza se consuma", aseguraba Yolanda, pero el triunfalismo duraba poco, porque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le quitaba la palabra a la ministra portavoz y aclaraba.

No se trata de una derogación sino de pactar una reforma del Código Penal para 'proteger la libertad de expresión', modificación pero "única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias".

Es más, el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, se apresuraba a dar explicaciones y matizaciones al anuncio de su jefa de filas. 

Pero ojo, porque si me apuran esto mucho peor, porque consiste en, básicamente, legalizar la blasfemia. Toda la 'Ley Mordaza' se queda igual, porque Sumar y PSOE quieren y porque no alcanzan un acuerdo, pero si hay algo que les une es su cristofobia, y ahí no tienen problema alguno en llegar a acuerdos para, tal y como ha afirmado la socialista María Jesús Montero, "aumentar la libertad de expresión".  

Y es que los delitos recogidos en el Código Penal que podrían ser objeto de revisión, incluso de despenalización, es decir, suprimidos, podrían referirse a la ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, y las injurias al Gobierno y a sus instituciones.

Para entendernos: como parte del plan de regeneración democrática de Sánchez con el que va a destruir a la prensa libre, se carga el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. De esta forma todo insulto, falta de respeto o ridiculización del catolicismo, quedará impune. Porque sí, existen los delitos de odio, pero un católico siempre perderá la batalla por ese camino, la ofensa contra los sentimientos religiosos era la única manera de penalizar la blasfemia cada vez más común en nuestros días. 

Ese nuevo fenómeno jurídico extendido por todo el mundo que supone el delito de odio funciona a las mil maravillas cuando se trata de un acto en el que haya supuesto odio contra la raza, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual o la identidad de género, pero nunca se llega a una condena por delito de odio contra la religión.  

Ejemplo práctico, la bochornosa actuación supuestamente cómica en la que la tele pública catalana blasfemaba contra la Virgen del Rocío. Dicho delito se ampara en el artículo 525 CP que castiga a los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. Si eliminas este artículo, que es lo que se pretende, por mucho que se intente imputar a los 'cómicos' por un delito de odio, el intento quedaría en nada. 

Dentro de este pacto se incluye la derogación del delito de injurias a la Corona. El Rey Felipe VI acaba de cumplir 10 años en el trono, y sencillamente, no ejerce, sobrevive, actúa como mero notario de todo lo que a Sánchez le apetece hacer, firmando obedientemente lo que el Ejecutivo le pone por delante. Mientras Moncloa le tiene secuestrado, Sánchez y su Gobierno extienden aquelo de los "valores republicanos", y ahora, encima, dejarán que cualquier persona pueda cometer cualquier injuria, burla o ataque contra la Corona, y Felipe seguirá sin protestar. 

La ministra ha informado también de que ese pacto incluye la Ley de Publicidad Institucional, para dejar fuera de la publicidad institucional a "pseudoperiodistas" y a quienes vulneren los códigos deontológicos del periodismo, además de otras medidas para reparar públicamente a aquellas personas investigadas judicialmente cuyos casos no acaben en juicio. Según Yolanda sabremos más mañana miércoles porque el Presidente del Gobierno nos explicará su gran plan. 

La derogación de la 'Ley Mordaza' es una de las fijaciones de Sumar, ya registró en el Congreso una proposición de ley para reformarla, pero el texto cayó en saco roto en la anterior legislatura, intento que provocó las protestas de Policías y Guardias Civiles. Ahora lo vuelven a intentar, pero el objetivo es mucho más sencillo de conseguir.

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