El fugado de la justicia española, Carles Puigdemont, está hiperactivo y es noticia hoy por varias razones.
Por una parte, el sanchista Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de amparo del PP contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament catalán de aceptar el voto delegado de Carles Puigdemont y Lluís Puig -diputados electos- para la elección de los órganos de la Cámara pero ha rechazado suspenderlo de forma cautelar, lo que huele muy mal y suena a satisfacer los intereses de Pedro Sánchez, al que le conviene que Puchi esté contento.
Además, se ha sabido también hoy que la justicia francesa le ha comunicado que está investigado por terrorismo en el 'caso Tsunami Democrátic', por los sucesos acaecidos tras la sentencia que condenó a los líderes del procés. Tras ello, Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo su personación en esta causa abierta y que le dé traslado de todo el procedimiento y le notifique todas las decisiones que ha tomado.
Un Tribunal Supremo que, según The Objective, estaría barajando excluir de la amnistía el delito de malversación al entender que existió ánimo de lucro -dado que la ley de la amnistía excluye este supuesto- y por tanto no plantear ninguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), respaldando la tesis de los cuatro fiscales del procés. Si esto fuera así, tampoco se levantaría la orden de detención vigente contra los prófugos Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín y Lluis Puig.
Y por último, Puigdemont ha enviado un escrito al Tribunal de Cuentas en el que se opone a que este consulte al Tribunal de Justicia de la UE -con una cuestión prejudicial- por la ley de amnistía porque no cumple con el requisito de independencia que exige la norma europea para considerar que un órgano es jurisdiccional.