Ayer lunes, el PSOE registró en el Congreso la ley de Amnistía negociada con el fugitivo de la Justicia española Carles Puigdemont, en lo que supone un flagrante atentado contra la igualdad de los españoles ante la ley. Porque él -y sus compañeros indepes- cometieron unos delitos por los que ahora no van a rendir cuentas gracias a que Sánchez necesita sus 7 votos para ser investido presidente.
Quizá por eso, el líder de Junts se encuentra intranquilo y teme por su seguridad, y ha pedido a la Generalitat que asigne un servicio de escolta de los Mossos d'Esquadra, de forma "inmediata" y "con carácter de urgencia".
El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se ha lavado las manos y lo ha dejado en manos de la Generalitat de Cataluña.
Aunque no parecen estar muy coordinados, porque luego, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguraba que el Ministerio del Interior "tramitará y seguro que resolverá lo que proceda" sobre la petición del fugitivo de la justicia española.
Habrá que ver, sin finalmente se le concede, cómo se coordina esa escolta española con la policía belga. Porque, a día de hoy, 'Puchi' sigue viviendo en Bruselas.