El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, se ha jubilado el miércoles 19. Pero antes ha enviado una carta de despedida al personal de CGPJ en a que, entre otras cosas, ha dicho: “La recomendación que contiene el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE no deja lugar a dudas: que se proceda a la renovación del CGPJ con carácter prioritario y que se inicie, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus miembros de procedencia judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura”. "Reitero desde aquí, con la firmeza que me permite el largo tiempo transcurrido --desde el 4 de diciembre de 2018-- mi petición a las fuerzas políticas concernidas, para que, sin excusa ni pretexto alguno, se tomen en serio esas recomendaciones y para que procedan de inmediato, en cuanto termine el proceso electoral en el que nos hallamos inmersos, a la renovación de este órgano de gobierno, que nos reclama no solo al Constitución española, sino también la UE”. Mozo ha advertido de que "el mantenimiento de esta situación debilita y erosiona las principales instituciones de la Justicia española y, por tanto, de nuestro Estado de Derecho".
Le sustituye en la presidencia interina del CGPJ, por tratarse del miembro de mayor edad, el vocal Vicente Guilarte, que según algunos medios es de tendencia “conservadora”.
En plata: que todo sigue igual. Al final, tendrán que llegar a un acuerdo no sobre la cuestión accidental, tan manoseada por el Sanchismo, sino por la cuestión de fondo: el poder judicial no debe ser elegido por los políticos sino por los jueces. Y algunos vamos más allá: el poder judicial debería ser elegido por el pueblo.