Pedro Sánchez no tiene límites: pretende una ley para zanjar el caso Begoña y el caso David

El nombre nos da pistas: Proposición de Ley Orgánica “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. Así comienza el texto registrado este viernes por el PSOE, en el Congreso.

La iniciativa es gravísima, no sólo porque limita la acción de los jueces, sino porque establece que no pueden abrir causas por “recortes de prensa”. Oiga, que a los jueces no les importa si ha salido en prensa o no, lo que les importa es si es cierto. Además, déjeles investigar y si no hay nada punible serán ellos los que den carpetazo al asunto, pero no les prohíba investigar con la excusa de que ha salido en prensa.

A más a más, qué pasaría si el propio delincuente fuera el que filtrase la información a los medios para así blindarse ante la Justicia. La medida, no es que se cargue la independencia judicial, es que se carga la Justicia entera. En cualquier caso, lo más grave y sorprendente de todo es que Sánchez pretende que la norma se aplique con carácter retroactivo, algo muy mal visto en general y totalmente inédito en cuestiones penales, lo que supondría paralizar, por ejemplo, el caso Begoña, el de su hermano David, el caso Ábalos... Y es que, llegados a este punto, Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene límite alguno.

En definitiva, el presidente pretende decirle a los jueces lo que pueden y lo que no pueden investigar, y poder hacerlo con casos actualmente en curso, como el de su esposa Begoña Gómez.

Otro atropello: la eliminación de la acusación popular tal y como existe actualmente. Como suprimirla totalmente es demasiado burdo, el PSOE quiere limitarla hasta convertirla en algo inútil. En esta línea, pretende prohibir que la puedan ejercer partidos políticos o entidades vinculadas a ellos, además de limitarla a la formulación inicial de la querella y a la fase de juicio oral. Recuerden el caso de Emilio Botín y las cesiones de crédito.

La tercera pata es también demoledora: la instrucción corresponderá únicamente a los fiscales. Sí, a los mismos que actualmente están bajo el mando del imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, uno de nuestros peores ciudadanos y uno de los más fieles sanchistas.

Como colofón, el texto, además, elimina el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es decir, legaliza la blasfemia. “Es un delito que sí aparece en el Código Penal (artículo 525), pero que no registra apenas condenas y que, sin embargo, es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos haciéndolos pasar por procesos penales que son muy costosos”, afirmó este viernes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

O sea, como hay pocas condenas, hay que eliminar el delito, en lugar de aplicar bien la ley y, si fuera el caso, reformarla, precisamente, para evitar los abusos que se cometen contra los sentimientos religiosos de los católicos, la religión mayoritaria en España y la más atacada, por no decir la única.

En cualquier caso, según el demócrata López, como los que denuncian esos ataques son “ultras y fundamentalistas” (traducido: católicos), no merecen Justicia alguna. ¡Qué grande eres, Patxi!

Nos dicen los venezolanos residentes en España que han huido del Régimen de Maduro, que la España de Sanchez sigue el mismo camino que la Venezuela de Hugo Chavez y que así han acabado ellos. A ver si va a resultar que tienen razón.