El actual letrado mayor de las Cortes (y también letrado mayor del Congreso), Fernando Galindo (exdirector general de Cooperación Autonómica y Local y después subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del pasado Gobierno Sánchez) es un sanchista redomado. Entre otras cosas, seguramente para agradecer a la también socialista y sanchista Francina Armengol (presidenta del Congreso) su nombramiento en el cargo.
Y lo ha demostrado ya en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando, el pasado 11 de noviembre, se mostró a favor de (es decir, avaló) la tramitación de la ley de amnistía, que Pedro Sánchez quiere aplicar a los delincuentes del ‘procés’, tal y como se comprometió con el fugado de la justicia española Carles Puigdemont para que este le votase como presidente en la sesión de investidura de la semana pasada.
También lo demostró el pasado 30 de noviembre cuando, saltándose la debida neutralidad de su cargo, aplaudió el discurso de Francina Armengol en la inauguración de la XV Legislatura.
Otra de sus muestras de ser 'más sanchista que Sánchez' fue cuando el pasado 9 de diciembre, Galindo echó al jurista crítico con la amnistía, Manuel Fernández-Fontecha, de la Comisión Constitucional, el cual no había comulgado con la rueda de molino de una amnistía a los delincuentes del ‘procés’, una medida que el letrado había denunciado argumentando que los pactos "privados" entre el PSOE y Junts modificaban "de facto" la Constitución.
Sin embargo, el pasado 17 de enero, otros letrados del Congreso, es decir, compañeros de Fernando Galindo, desmentían a su propio jefe al considerar la ley de amnistía como inconstitucional, en un contundente informe: "La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador". Además, advertían que si Sánchez quiere aprobar una ley de amnistía no vale con una ley orgánica sino que tendrían que realizar una reforma de la Constitución.
Después de todos estos episodios cabría calificar el paso de Fernando Galindo por el cargo de letrado mayor de las Cortes, como mínimo, de polémico.
Pero es que hoy se ha conocido, por La Razón que el interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, ha dimitido en total desacuerdo con los modos y maneras que emplea Galindo en su actual cargo. Y según detalla este medio, no ha sido la única renuncia (ha habido otras más discretas) en la estructura que depende de él...
Y es que es lo que pasa cuando nombras a un cargo que en teoría debería ser neutral pero se salta esa neutralidad y actúa con elevadas dosis de sectarismo político... a favor de Pedro Sánchez y el PSOE, naturalmente...