Como ha recogido Hispanidad, esta semana el delincuente 'indepe' indultado Oriol Junqueras (ERC) aseguraba que lo de la amnistía a los delincuentes catalanes del 1 de octubre --muchos de ellos políticos-- ya está hecho, o sea, pactado con Pedro Sánchez, a cambio de que este llegue al poder de nuevo.
Al día siguiente, el propio Pedro Sánchez, desde Nueva York, evitó desmentir a Junqueras —si no desmientes semejante declaración es que le estás dando la razón— y aseguró que será "coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña" que ha llevado a cabo su Gobierno en los últimos cinco años, "y ya estoy diciendo mucho". Preguntado por la situación judicial de Puigdemont, Sánchez lamentó que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial" y abogó por "devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política”.
Estas palabras de Sánchez —sobre todo lo de intentar desjudicializar lo ocurrido en Cataluña— no han gustado mucho a buena parte de los jueces. Al menos, así se desprende de las declaraciones efectuadas a la agencia Europa Press por parte de representantes de tres importantes asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Debería ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que estuviera preservando la posición del sistema judicial español
En concreto, María Jesús del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de jueces --la APM--, ha subrayado que "la vía judicial se inició porque (los líderes independentistas) cometieron hechos delictivos". Y ha recordado que el propio Sánchez "aplaudió" que los jueces actuaran, "diciendo que traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia".
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha incidido también en que "la vía judicial que se emprendió no fue porque (los líderes del 'procés') hayan querido defender unas opciones políticas, sino porque recurrieron al camino del delito”. Ha mostrado su "asombro" por el hecho de que cada vez se use más el prisma "político" para "justificarlo todo". "La judicialización vino porque se cometió un delito”. "Los tribunales no pueden mirar a otro lado porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos”. Y ha recordado que "los delitos cometidos se han demostrado con las condenas que ha habido" y que no perseguirlos por la vía judicial "sería pensar que los políticos son una casta aparte para los que no se aplica ley".
Asimismo, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha asegurado que como ciudadano le "preocupa" que el jefe del Ejecutivo "piense que hay hechos delictivos que no tenían que haber sido perseguidos penalmente”. "Como persona comprometida con los derechos humanos me preocupa que tengamos cargos de responsabilidad política que crean que el imperio de la ley está supeditado a intereses políticos”. Ha incidido en que le parece "preocupante" que "se dé a entender que el sistema judicial se ha utilizado ilegítimamente o de forma espuria para perseguir acciones que considera que no debieron perseguirse”. Ha subrayado que "deslegitimar todo el sistema institucional y de protección de derechos fundamentales por un asunto político" le parece "propio de un temerario”. Y ha añadido que "debería ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que estuviera preservando la posición del sistema judicial español".