Como recogió Hispanidad, el pasado 6 de noviembre el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria,  aprobó -con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco- una declaración institucional muy dura contra la amnistía que prepara Pedro Sánchez a los delincuentes del 'procés' para asegurarse su reelección presidencial.

El CGPJ decía, entre otras cosas: "El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España". 

Pues bien: hoy, el partido político de ultraizquierda y comunista ‘Sumar’ ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella por “prevaricación administrativa" contra el presidente y los vocales del CGPJ que se pronunciaron contra la amnistía. Sumar les acusa de una  "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso.

La querella se dirige contra los ocho promotores de la declaración, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea (que votó a favor) y apunta a Vicente Guilarte, el presidente en funciones, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ, informa Europa Press. 

Se da la circunstancia de que el anuncio de la querella coincide, además, con el encuentro institucional que mantendrán hoy el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte que está entre los querellados. Esta mañana, Bolaños trataba de desmarcarse de la querella, aunque disimulaba muy mal: "Es una decisión que toma una fuerza política con la que compartimos el gobierno de coalición"

También esta mañana, fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirmaban que "la querella presentada por la formación que lidera Yolanda Díaz no tendrá ningún recorrido en el Supremo. De hecho, Sumar acaba de dar la razón a los vocales del Poder Judicial que denunciaron la persecución que iba a iniciar el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez contra los jueces. Todo ello, tras el pacto de investidura alcanzado por el PSOE con Junts y ERC".

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "la querella de sumar contra los vocales del CGPJ llegará inmediatamente a oídos de la Comisión Europea como prueba de la caza de brujas que ha iniciado el Ejecutivo contra los jueces en España para luchar contra el supuesto lawfare (guerra judicial)". 

Una visión, la del acoso judicial a los jueces por parte del Gobierno, que también compartía Rosa Díez: "El ‘lawfare’ ya está aquí: los políticos juzgando a los jueces. Cuando el poder ejecutivo controla al legislativo y al judicial el resultante se llama dictadura".

Y tienen toda la razón los jueces del CGPJ y Rosa Díez porque: ¿recuerdan algún caso en una democracia occidental mínimamente respetable (la española lo era hasta la llegada de Sánchez) en el que un Ejecutivo se querelle contra el máximo órgano del poder judicial?