Como se recordará, Carlos García Berro -un fiscal muy próximo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz- asumió a mediados del pasado mayo la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y Carlos García Berro respalda -qué raro- la opinión del Fiscal General del Estado de que la causa debe archivarse por prescripción, al haber pasado más de 20 años desde el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, acaecido el 13 de julio de 1997.
De esta manera, García-Berro hace suya la tesis de las defensas de los etarras Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'.
Todos ellos fueron procesados por el juez Manuel García-Castellón mediante un auto el pasado 25 de abril, por el delito de autoría mediata por dominio de la organización. Es decir, que la sala entendió que los jefes de ETA son también autores porque dominaban la organización armada en el momento en el que Javier García Gaztelu ‘Txapote’ asesino a Miguel Ángel Blanco, como informó Dignidad y Justicia.
Sea como fuere, y a la espera de las reacciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, pedir la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que causó conmoción en España y dio inicio al 'Espíritu de Ermua', resulta cuando menos significativo.
Y aunque este mismo fiscal García Berro pidió recientemente cinco años de cárcel para Kubati y otros cinco exetarras por realizar ‘ongi etorris’, también “trató de frenar” una investigación contra Sortu -partido heredero de Batasuna- que “para lograr sus objetivos mantenía un canal de información fluida con el secretario general de Instituciones Penitenciarias" con el fin de favorecer a los presos etarras. Es decir, que "rechazó investigar los mensajes que demostraban cómo el jefe de Prisiones de Marlaska conversaba con el entorno de ETA para favorecer a los presos”, según denunció Dignidad y Justicia. Y esto se produce, recordemos, en el contexto de la alianza entre Pedro Sánchez y EH Bildu (la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista, una banda criminal que tampoco ha ayudado a esclarecer los asesinatos de ETA que quedan sin resolver) por la que el partido de Arnaldo Otegi cede a Sánchez sus seis diputados a cambio de una serie de favores como la alcaldía de Pamplona o el hacer -hasta ahora- la vista gorda en homenajes a etarras...
Todo lo cual no hace sino levantar la sospecha: ¿no será esta una amnistía encubierta a los tres jefes de ETA acusados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco?