Vox se va a personar como acusación popular en el juzgado que investiga la actividad de Begoña Gómez: "Queremos hacer especial hincapié e impulsar la investigación sobre el Africa Center y su relación con la embajada de Ghana, el desarrollo de los estudios en la Universidad Complutense y la especial vinculación con el grupo Globalia y el empresario Víctor de Aldama", ha explicado la coordinadora nacional jurídica de la formación, Marta Castro.

Como se recordará, el pasado 24 de abril, el juez Juan Carlos Peinado -titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid- abrió diligencias sobre las actividades comerciales y profesionales de Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal) y corrupción privada en los negocios (artículo 286 bis del Código Penal), como consecuencia de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, presidido por el abogado Miguel Bernad.

Poco después, el viernes 26 de abril, la organización Hazte Oír confirmó que había presentado una querella contra Gómez ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid  -el mismo juzgado que abrió diligencias previas contra la esposa del presidente tras la denuncia de Manos Limpias-, por un presunto delito de tráfico de influencias (artículos 429 y 430 del Código Penal). 

Y ahora, por tanto, es Vox quien se querellará contra Gómez en el mismo Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid.

También cabe recordar que el PP ya confirmó que presentará un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para esclarecer el presunto conflicto de intereses en el que incurrió el presidente del Gobierno por no inhibirse en el rescate a Air Europa por 475 millones de euros. 

A todo esto, siguen apareciendo informaciones sobre miembros de la familia de Pedro Sánchez. En este caso, su hermano David, para quien la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un contrato de adjudicación para su programa de óperas.

Y, volviendo a Begoña, la empresa que gestionaba los másteres de la mujer del presidente quebró y los profesores no cobraron.