Desde Hispanidad hemos denunciado que la nueva Ley de aborto de Irene Montero se carga la conciencia de médicos y farmaceúticos. Pero que ya había comunidades que se lo ponían difícil a la ministra que quiere implantar el derecho al aborto. 

Pero la líder de Más Madrid, Mónica García, Médica y Madre (Me-Ma), ha denuncido el caso de una mujer, que en 2020 acudió a un hospital público de la Comunidad de Madrid, y en el hospital se negaron a practicarle un aborto porque "había latido fetal", y todos los médicos eran objetores de conciencia. 

Y en respuesta a su misiva, Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha respondido, mostrándose preocupado porque el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la Comunidad de Madrid son en hospitales privados, y advierte que, según la ley, esto debería ser de "carácter excepcional".

"Esta ausencia prácticamente absoluta de intervención voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública debería ser objeto de valoración y análisis por la Consejería de Sanidad, ello sin prejuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios", indica en su escrito.

Gabilondo también cree que los centros hospitalarios deberían tener un protocolo para hacer frente a estos casos, de forma que el hospital gestione la derivación al "centro más adecuado" evitando "añadir una penalidad adicional a la paciente". En su escrito, no se centra solo en Madrid, sino que añade que otras cuatro comunidades autónomas tienen "porcentajes" de interrupciones superiores al 75% en centros privados: Castilla- La Mancha (99,9%), Castilla y León (82,5%), Extremadura (100%) y Murcia (100%).

El portavoz y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido la objeción de conciencia de los médicos “respetando el derecho a los médicos”, a los que no se les puede “obligar” porque tienen “derecho a la objeción de conciencia” que es algo “constitucionalmente reconocido”. Efectivamente, cosa que el aborto no, no es un derecho, y no está constitucionalmente reconocido, al menos por ahora, y por mucho que quieran Irene Montero y las feministas. 

Y ojo, el Defensor del Pueblo, Gabilondo, está encargado de velar por el respeto de los derechos que el título I de la Constitución recoge, entre los que se encuentra, en el artículo 30, en el capítulo de derechos y libertades, la objeción de conciencia. Pero se ve que Gabilondo es defensor de una parte del pueblo. 

En cualquier caso, ¿por qué no se perpetran más abortos en la hospitales privados? Porque los médicos estudiaron medicina para cuidar la vida no para ejecutar la muerte y porque, además, a muchos a los que el aborto, en teoría, no les remuerde su conciencia podría revolverles su estómago si tienen que trocear al niño.