En Argentina, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el pasado 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos por haber cometido irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
La instancia que le condenó fue el Tribunal Oral Federal 2, que ayer confirmó la condena y dio más detalles: "Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”. “Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes".
Sin embargo, Fernández goza de inmunidad por sus cargos en el gobierno y, por supuesto, no se le ha ocurrido dimitir tras la condena. Además dice que es inocente y víctima de una persecución política.
“En conclusión, la prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada, que le son reprochables a nivel de su culpabilidad, y en base a ello es que habremos de emitir el juicio de responsabilidad penal que por derecho corresponde”, cerraron los jueces sobre la responsabilidad de Cristina Fernández.
Ahora, la defensa de la vicepresidenta tiene diez días hábiles para apelar ante la Cámara Federal, hecho que ya confirmó su equipo legal; y en caso de no prosperar todavía podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia Argentina. Al respecto, algunos medios señalan que ya habría negociaciones para cambiar la sentencia por un arresto domiciliario, pues debido a la edad su clienta tendría ese beneficio, recoge La Razón de México.