“No hay plata, no hay alternativa posible al ajuste” aseguró el nuevo presidente argentino, Javier Milei, cuando juró el cargo. Y parece que de momento no le tiembla el pulso para acometer la profunda reforma económica que requiere el país. 

Hasta el momento, Milei ha firmado un decreto que implementa 300 medidas, con el objetivo de desregular y desburocratizar la economía. Además, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras decisiones económicas del Gobierno: reducción a la mitad de ministerios y secretarías, recorte de transferencias a las provincias, menos licitación de obra pública, menos subvenciones a la energía o al transporte público...

Ante la posibilidad de que el Congreso argentino rechace sus medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, Milei ha avisado este martes de que organizará una consulta popular, para preguntar sobre sus numerosas medidas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. 

"Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular", asimismo ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se "oponen a algo que beneficia a la gente", ya que considera que quienes se oponen "no tienen conciencia de la gravedad de la situación".

Milei ha asegura que quienes se manifiestan contra sus medidas "no pueden aceptar que perdieron" y que la "población eligió otra cosa": "Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley".

Además, ha anunciado que no renovará 5.000 contratos públicos el próximo año y que revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades.

Así, los contratos dados de alta en el 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre, no serán renovados en 2024, y el resto entrarán en proceso de revisión de noventa días. 

En cuanto a los planes sociales, el Ejecutivo auditará más de un millón de dichos planes y, amparándose en los cálculos que se han realizado en las investigaciones judiciales, prevé que 160.000 beneficiariarios estarían recibiendo ayudas de manera "irregular". Estos planes tendrían un valor de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares): "Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero". 

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, aseguró que el objetivo es "transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales". 

Otras de las medidas que el Gobierno argentino ha publicado que está estudiando es la creación de la ‘tasa [Axel] Kicillof’.

Con este impuesto Milei quiere pagar los 16.100 millones de dólares que el Estado argentido debe por la estatización de YPF a Burford Capital, dueña de los activos del Grupo Petersen: “Así, todos los argentinos recordaremos todos los días esa barbaridad que hizo [Kicillof] y vamos a tener que poner dólares para pagar el error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. 

Alex Kicillof, ministro de Economía de la administración de Cristina Kirchner, fue quien impulsó la adquisición en 2013 de YPF: “Vas a tener un nuevo impuesto que se llama ‘tasa Kicillof’, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y menos los mercados”.

“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”.