Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica -en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad- en Colombia, para defender el derecho a la vida de los no nacidos.

En ese país, la plataforma ciudadana ‘Unidos por la Vida’ criticó enérgicamente el nuevo reglamento del aborto, que permitirá, entre otras cosas, que las niñas de 14 años se sometan a esta práctica sin permiso de sus padres, recoge Aciprensa.

Unidos por la Vida publicó un comunicado en el que se refiere a la Resolución 051 del Ministerio de Salud de Colombia, con el que se reglamenta el aborto en el sistema de salud del país: “Nuevamente el Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carolina Corcho, rompe el orden jurídico al reglamentar, mediante resolución, la sentencia de la Corte Constitucional: la C-055 de 2022”.

“Es importante resaltar que si no existe ninguna ley sobre el aborto, no se puede reglamentar la sentencia a través de resoluciones que emanen del ejecutivo”. “Corresponde al Congreso de la República proferir una ley que reglamente dicha sentencia y no al Ministerio de Salud”, precisa. “Inquieta que este Ministerio pretenda, con una resolución, obligar a todo el sistema de salud a la realización de abortos”, lamenta Unidos por la Vida.

Unidos por la Vida indica en su comunicado que la resolución “pretende, bajo amenaza de sanciones, desconocer la patria potestad, pues establece que las menores de 14 años pueden realizarse un aborto sin el consentimiento de sus padres”. “¡Qué ironía!, a los menores de edad no se les permite consumir una cerveza ni fumar, pero sí abortar de manera cruel a un bebe por nacer”, denuncia.

En este momento, en Colombia, las tres causales son el riesgo para la vida de la madre, el abuso sexual o la malformación del niño por nacer.

En total son nueve los sacerdotes nicaragüenses que la dictadura ha acusado por el delito de conspiración

Nos vamos ahora a Nicaragua, para defender la libertad religiosa y de culto y las libertades básicas en general. Allí, la dictadura de Daniel Ortega prosigue con su persecución a la Iglesia católica y esta semana acusó a un sacerdote por haber opinado en redes sociales.

La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al P. Oscar Benavidez Dávila de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, recoge Aciprensa.

Ahora la fiscalía pide para el sacerdote, párroco de la Parroquia Espíritu Santo en la localidad de Mulukukú, en la Diócesis de Siuna, una pena de ocho años de cárcel.

La acusación contra el sacerdote se dio en septiembre de 2022, luego de estar 42 días detenido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, más conocido como El Chipote, cárcel de torturas a las que fue llevado el 14 de agosto, tras ser capturado después de celebrar misa.

En esa ocasión, la Diócesis de Siuna publicó un comunicado en el que precisó que desconocía “las causas o motivos de su detención y esperamos que las autoridades nos mantengan informados”. Pidió asimismo orar por el sacerdote, cuya “única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra de vida y salvación para todos”.

El diario nicaragüense La Prensa informó que el P. Benavidez fue trasladado en octubre al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, cárcel conocida como “La Modelo”, en la localidad de Tipitapa.

En total son nueve los sacerdotes nicaragüenses que la dictadura ha acusado por el delito de “conspiración”, entre quienes se encuentra el Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, cuyo proceso judicial se inició el 10 de enero.

El diseño curricular, advirtieron, incluye temáticas "propias del fuero interno de la familia”, que sin el contexto adecuado "solo producen confusión y desorientación"

Nuestro siguiente destino es Bolivia, cuya Conferencia Episcopal calificó de “unilateral” la propuesta del gobierno para la gestión escolar 2023, y criticó "imposiciones ideológicas" en los contenidos, recoge Aciprensa.

El diseño curricular, advirtieron, incluye temáticas "propias del fuero interno de la familia”, que sin el contexto adecuado "solo producen confusión y desorientación". Es el caso de los contenidos de educación sexual integral, que están presentes en todos los planes y niveles, desde inicial hasta secundario.

Esto vulnera el derecho y la responsabilidad de los padres "a educar a sus hijos en el amor para la vida", afirmaron.

México: denuncian la persecución contra centros que ayudan a mujeres embarazadas en Ciudad de México

Y en México, miles de personas han firmado una campaña lanzada en la plataforma 'Actívate' denunciando “una persecución directa contra los Centros de Ayuda a la Mujer (CAM)” a manos de las autoridades de Ciudad de México, recoge Aciprensa.

La campaña asegura que desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, “están intentado quitarle todas las camionetas al CAM, ya que hasta el momento tienen detenida una unidad, y también ya cerraron el centro fijo con el que CAM atiende a las mujeres que deciden seguir con su embarazo”.

Los Centros de Ayuda a la Mujer, explica la campaña, “realizan ecografías cerca de centros de aborto” y atienden a las mujeres “de forma integral para llevar su embarazo y mostrarles una alternativa distinta a la que ofrece el gobierno”.