Decíamos hace tan solo unos días en Hispanidad que la situación en Cuba se ha vuelto insostenible, ACN lanzaba una campaña en la que pedía ayuda para continuar con su misión, ante las difIcultades que se presentan en el país. Y es en este país donde comenzamos nuestra crónica semanal de Hispanoamérica.
Ahora, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acusa al régimen de Cuba e “silenciar al activismo político, las protestas y otras expresiones de descontento con más terror, prisión y exilio, en vez de buscar soluciones a las violaciones que se cometen diariamente contra los ciudadanos de la isla”.
En este sentido, la organización insiste en que “es precisamente el clima represivo de los últimos meses lo que ha originado una situación de temor en algunos casos y cautela en otros; ello forma parte del resultado esperado por el régimen y del costo de la represión para los ciudadanos”.
Y es que en agosto se registraron nada menos 152 acciones represivas, de las cuales 14 fueron detenciones arbitrarias y 138, otros abusos. Entre estos últimos aparecen amenazas, citaciones y hostigamiento policial. Se reportaron 81 denuncias realizadas por presos políticos y sus familiares: “El principal instrumento de terror en Cuba es la cárcel”.
Cruzamos el mar Caribe de Cuba a Venezuela, donde otra dictadura está acabando con el país. Maduro sigue sin soltar el poder que perdió democráticamente, el Gobierno de Uruguay se ha sumado a la denuncia presentada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La denuncia fue presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina retiró su apoyo en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández, pero Milei solicitó el año pasado su reincorporación.
Además, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay no han dudado en enviar un comunicado conjunto en el que “rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida contra el señor Edmundo González”.
¿Dónde está el Gobierno de España? pic.twitter.com/eVgxuy3cWQ
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 3, 2024
Y, pese a la orden de detención que recae sobre él, Maria Corina Machado ha asegurado que permanecerá en Venezuela, y eso que el principal secuace de Maduro, Diosdado Cabello, ha asegurado que “sabe dónde están”.
🚨| URGENTE: Diosdado Cabello aseguró que tiene la ubicación de Edmundo González Urrutia: "Se la voy a llevar a un amigo mío que es el ministro de Interior y Justicia", dijo, refiriéndose a él mismo. 🇻🇪 Si Nicolás Maduro va por Edmundo el derrocamiento debe acelerarse. pic.twitter.com/r1RhujI2Ci
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 5, 2024
La preocupación por la deriva de Venezuela es tal, que todos los ex presidentes del Gobierno de España han respaldado el informe, del que hablamos más arriba, que se presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los "los crímenes de lesa humanidad" del régimen. Todos los expresidentes lo apoyan, el único que no ha secundado el informe es José Luis Rodríguez Zapatero, que guarda silencio y apoya a Maduro. Entre los firmantes también encontramos a los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.
Acabamos nuestra crónica semanal en México, donde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, ha aprobado una iniciativa para la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al estilo Sánchez. La iniciativa, que ahora será revisada por el Senado, plantea varios cambios significativos en el sistema judicial.
El P. Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México, consultor de la Comisión Teológica Internacional y director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), contó su preocupación por la reforma a ACI Prensa que “lo que van a hacer es desestructurar el Poder Judicial y con ello se acabó el pluralismo y se acabó el equilibrio de poderes y se acabó la democracia”.
El P. Flores señaló que existe una “preocupación de la Iglesia”, compartida “con grandes sectores de la sociedad mexicana”, puesto que la reforma podría llevar a un control “excesivo” sobre la selección de jueces y a la eliminación de organismos autónomos. “Es un plan absolutamente dirigido al control de un sistema dictatorial”, expresó. “Si logra concretarse, estamos dando un paso al autoritarismo y a la dictadura”.