Los demócratas con Biden a la cabeza han hecho del 'derecho' al aborto, las leyes trans, y la ideología de género, sus banderas. Esta entrega del Gobierno de Estados Unidos al movimiento woke ha provocado un fenómeno novedoso en la historia reciente del país, con un éxodo masivo de población desde Estados progresistas hacia Estados conservadores.
Y es que son muchos los Estados, gobernados por republicanos, que han tomado medidas contra el adoctrinamiento de las leyes y el pensamiento lanzado desde la Casa Blanca. Este progresismo radical, unido a las crisis de delincuencia y la exonomía, serán ejes de la campaña electoral de las elecciones presidenciales, y pueden costarle la Casa Blanca a Biden.
En esta ocasión hablamos de Idaho, donde la Corte Suprema ha dado el visto bueno a aplicar la prohibición en todo el estado del uso de bloqueadores de pubertad y cirugías de cambio de sexo.
Todo empezó hace un año, cuando el gobernador republicano Brad Little firmó una ley que tipificaba como delito grave, penado con hasta diez años de cárcel, proporcionar tratamiento médico, como medicamentos que bloquean la pubertad, terapia hormonal, mastectomías y ciertas cirugías de cambio de sexo, a menores. Un tribunal inferior detuvo la implementación de la ley por considerarla incostitucional, así el juez federal de distrito Lynn Winmill dictaminó que la ley violaba las garantías de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. sobre el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley.
"Eso fue cierto para los esclavos recién liberados tras la Guerra Civil. Fue cierto en el siglo XX para las mujeres, la gente de color, las parejas interraciales y los individuos que buscaban acceso a la anticoncepción. Y no es menos cierto para los niños transexuales y sus padres en el siglo XXI", añadió Winmill.
Actuando en una demanda interpuesta por dos chicas transexuales de 15 y 16 años y sus padres, Winmill bloqueó la ley de Idaho, denominada Ley de Protección de la Infancia Vulnerable, días antes de que entrara en vigor el 1 de enero.
Decisión que fue recurrida por el fiscal general republicano de Idaho, Raúl Labrador: "La ley sólo regula el uso experimental, peligroso e ineficaz de estos procedimientos para intentar resolver la disforia de género haciendo que el cuerpo de un niño se parezca más al sexo opuesto".
"Cada día que la ley de Idaho permanece paralizada expone a los niños vulnerables a procedimientos médicos arriesgados y peligrosos e infringe el poder soberano de Idaho para hacer cumplir su ley democráticamente promulgada".
Finalmente el Tribunal Supremo ha impuesto la cordura, y la ley ha sido restablecida en el estado.