Les montan en barcos, previo pago de fuertes cantidades de dinero. Luego les abandonan, a pocas millas de la costa africana, no vayan a comprometer a las mafias de esta trata humana, y avisan a las ONG del tipo 'Open Arms', teléfonos o radio que -¡oh, casualidad!- controlan los narcotraficantes. Las ONG les encuentran y les trasladan, no de vuelta a Libia, por ejemplo, sino a Italia, donde exigen ayudas al gobierno italiano.
Italia tiene un grave problema con la inmigración y su Gobierno quiere ponerle coto, hacer algo para que la costa del país transalpino no se convierta en un coladero. A partir de ahí comienza la manipulación mediática: las ONG acusan al gobierno italiano y a Giorgia Meloni de ser una peligrosa fascista en contra de los derechos humanos por no acoger con los brazos abiertos la inmigración ilegal, y a esta acusación se suman medios, instituciones y Europa entera.
Meloni, como buena ultra que es sigue a lo suyo, y ha llevado al pleno del Senado una nueva propuesta para acabar con la "protección especial" que reciben aquellos inmigrantes que, tras alcanzar suelo italiano de manera ilegal, solitciten asilo. Esta figura de"protección especial" se aplica en Italia desde el 2018 y consiste en una protección adicional que garantiza la estancia indeterminada en el país a los inmigrantes ilegales solicitantes de asilo, aunque no se esclarezca si tienen derecho o no a la concesión de la situación de refugiado.
Con esta medida, Meloni quiere limitar esta protección a los que solicitan un asilo de manera fraudulenta, sólo para poder permanecer en el país más tiempo y mientras su solicitud es estudiada: "Tengo como objetivo la eliminación de la protección especial, porque es una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa", afirmó la Primer Ministro en su visita oficial a Etiopía.
Este cambio legislativo suprimirá la protección adicional al solicitante de asilo y contempla aumentar las penas para los integrantes de las mafias criminales de la inmigración. Además, se intensificarán las deportaciones de aquellos inmigrantes ilegales que no tienen derecho a asilo.
Meloni hace bien en actuar contra esta nueva corriente que usa la figura del asilo para permanecer ilegalmente en el país. Recuerden que en España la condición se reconoce a toda persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él".
Hace años así era, el asilo era una figura de uso muy limitado, solicitada por personas en verdadero riesgo, pero ahora, se utiliza como si de un procedimiento ordinario para conseguir la nacionalidad más se tratase, por personas que pretenden regularizar su situación sin estar en ninguna situación de peligro, lo cual, está generando un verdadero atasco administrativo dado que hay cientos de solicitudes pendientes de resolver.
Esta figura se ha convertido en un coladero para la inmigración ilegal. Según datos del Ministerio de Interior, en 2017 se registraron 31.740 solicitudes; en 2018 el número empieza a subir, a 55.749; en 2019, con Sánchez ya instalado, el número se disparó hasta los 118.264 solicitantes.