Los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990).

El sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018. 

Y una de las instituciones que persigue con más saña es la iglesia católica, pues ésta fue una de las que más alzó voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él. 

En ese sentido, la última noticia ha sido la expulsión del obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal del país, Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, quien recientemente osó criticar al régimen por haber interrumpido la celebración de una misa poniendo música a todo volumen en el exterior del templo. 

Según informa el diario nicaragüense Mosaico CSI, Mons. Herrera fue desterrado a Guatemala el miércoles 13 de noviembre. 

Con la expulsión de Mons. Herrera, de los nueve obispos que tiene Nicaragua quedan ahora en el país sólo cinco: el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua; Mons. Jorge Solórzano, Obispo de Granada; Mons. Francisco José Tigerino, Obispo de Bluefields; Mons. Sócrates René Sándigo, Obispo de León; y Mons. Marcial Humberto Guzmán, Obispo de Juigalpa, recoge Aciprensa

La abogada Martha Patricia Molina documentó entre 2018 y 2024 unas 870 agresiones contra la Iglesia católica y más de 100 contra la Iglesia cristiana evangélica. Y es que según Molina, el gobierno pretende “continuar una política de adoctrinamiento” para “exterminar” a las iglesias y “que sean Daniel Ortega y Rosario Murillo los únicos líderes en el país”. 

Ejemplos de esa persecución a la iglesia católica por parte de Daniel Ortega ha habido muchos, como ha venido recogiendo Hispanidad

Por ejemplo, este verano, el sátrapa prohibió la celebración de una misa en la que se iban a ordenar como sacerdotes tres diáconos. La prohibición de celebrar ordenaciones es una forma muy sutil de persecución a la Iglesia, porque la recepción de los sacramentos es vital para la vida de fe los católicos... 

Además, acaba de prohibir la entrada de sacerdotes a hospitales públicos para que así no puedan administrar los últimos sacramentos, como la unción de enfermos.