Recuerden que el presidente-dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder, y comenzaba su cuarto mandato este año, en unas elecciones consideradas fraudulentas por la comunidad internacional. Ortega no conoce límites y a la persecución de la Iglesia Católica, le sigue la confiscación de edificios, como ha ocurrido con el edificio del diario La Prensa, y las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua.
Informamos en Hispanidad que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ha ordenado el cierre de 101 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que estaban incluídas la Asociación Misioneras de la Caridad, congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta, la Fundación Católica de Ayuda al Desarrollo Humano de los Nicaragüenses, Fundación Espiritualidad para Niños de Nicaragua, Fundación Maternal Mi Infancia y Asociación Casa de Atención a Niños de Diriomito, entre otras.
La petición fue realizada por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez. En el documento remitió “la Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de Asociaciones/Fundaciones varias, solicitadas por la Dirección Nacional de Registro y Control de OSFL (organismos sin fines de lucro, Ndr), para su debido trámite de ley”. Todo este régimen del terror lo legalizó Ortega en marzo, cuando la Asamblea Nacional aprobó una nueva herramienta para “legalizar” el robo de bienes a través de la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro.
Ley que contradice la Constitución de Nicaragua, que en su artículo 44 garantiza la propiedad privada: "Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, solo permitiéndose las expropiaciones en los casos en los que los dueños son indemnizados. Pero, como hemos dicho antes, Ortega no conoce límites.