Comenzamos esta crónica semanal de Hispanoamérica  —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad—  con una mala noticia para el derecho a la vida en Perú, donde el Poder Judicial ordenó aplicar la eutanasia a una mujer que pidió “poner fin a su vida” a través de esta práctica. La Corte Superior de Justicia de Lima informó que el Décimo Primer Juzgado Constitucional ordenó “al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia”. El artículo 112 del Código Penal peruano señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”. En ese sentido, en su resolución, el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán ordenó que en el caso de Ana Estrada “se inaplique el artículo 112° del Código Penal vigente” y no sean procesados quienes ejecuten la eutanasia, recogió Aciprensa.

También en relación a la defensa de la vida, en Panamá, la Arquidiócesis advirtió a la feligresía de que un grupo de mujeres que se autodenomina ‘Católicas por el Derecho a Decidir’, que intenta tener presencia en el país, es en realidad una organización de Estados Unidos que promueve el aborto. El “objetivo principal” de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) “es eliminar al mayor opositor del mundo contra el aborto: la Iglesia Católica”. “Esta organización anti-vida intenta tener presencia en Panamá. Su finalidad es convencer a católicos y no católicos de que el aborto es una alternativa éticamente válida para las mujeres católicas, despreciando y ridiculizando las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, y promoviendo agresivamente la anticoncepción y el aborto”, advirtió la arquidiócesis, recogió Aciprensa.

Sin embargo, de Argentina llegaba una buena noticia en relación a la defensa de la vida. Y es que el Ministerio de Salud de Entre Ríos autorizó al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra para volver a ejercer su profesión de manera privada, dejando sin efecto la medida cautelar que lo había sancionado por no haber realizado un aborto en el 2017. Damián Torres, uno de los abogados defensores de Rodríguez Lastra, precisó a ACI prensa que incluso si la sentencia del tribunal se confirma, el médico solo podría quedar inhabilitado para ejercer la medicina en un cargo público, no así en el sector privado, donde podría continuar con su profesión. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue condenado por evitar un aborto en 2017, que salvó la vida de la madre y de su hijo de 23 semanas de gestación, publicó Aciprensa.

México: el estado de Quintana Roo frena temporalmente el intento de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas

Asimismo, en México, el intento de despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación en el estado de Quintana Roo quedó temporalmente frenado, después de que las comisiones unidas que debatían un posible dictamen no tuvieran el quorum de parlamentarios que se requería. El artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo establece que el Estado “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte”, publicó Aciprensa.

Los obispos nicaragüenses piden al Gobierno de Ortega elecciones libres

Nos vamos a Nicaragua, donde rige una dictadura de hecho bajo el Gobierno de Daniel Ortega. Por eso, a menos de nueve meses de las elecciones generales, los obispos se han sumado al llamamiento de los ciudadanos que piden a Ortega reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en el país. Los Pastores exhortaron a que en este año electoral "se superen todo tipo de enfrentamientos, descalificaciones y acciones contrarias a este ejercicio civil y democrático", reza el mensaje de la CEN. “Los líderes sociales y políticos de Nicaragua, los que tienen prisa y huyen, escuchen el grito del pueblo, de los más pobres, los campesinos, los humillados, los olvidados, los marginados, los discriminados, los que son tratados como desperdicios o descartados. Escuchen el grito de esas personas y reconozcan con sencillez que no es con palabras bonitas o discursos agitados como se gana el corazón de un pueblo”, recogió Fides.

Venezuela inhabilita a Juan Guaidó y a otros 27 opositores a Maduro

Y otra dictadura sigue vigente en Venezuela, la comunista de Nicolás Maduro. La Contraloría General  —al servicio del régimen chavista—  inhabilitó esta semana al líder opositor Juan Guaidó y otros 27 diputados de la anterior Asamblea Nacional para ejercer cargos públicos hasta por un período de 15 años por la presunción de negarse a realizar la declaración de patrimonio. Guaidó ya había sido inhabilitado en marzo de 2019 por supuestamente ocultar datos de su declaración de patrimonio y recibir dinero sin justificar, según un dictamen de la Contraloría en aquel momento. Dos años después, el organismo impone nuevas acciones contra una mayor cantidad de opositores. La Contraloría ha inhabilitado en los últimos años para ejercer cargos públicos a varios líderes de la oposición, como el excandidato presidencial Henrique Capriles y Leopoldo López, hoy en España, quienes han dicho que la medida buscó marginarlos del juego político y que no han cometido ningún ilícito, recogió Excelsior.

El Salvador: nuevo paso adelante en el reconocimiento constitucional del derecho al agua y a la alimentación

Y en El Salvador se ha alcanzado una nueva etapa en el proceso de aprobación definitiva de la reforma constitucional que contempla los derechos humanos al agua y a la alimentación. La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor de 84, la reforma del artículo 69 que ahora incluye la alimentación como un derecho humano. La Iglesia Católica y la Alianza por la Reforma Constitucional de El Salvador han obtenido la “Firma del compromiso por los derechos humanos al agua y la alimentación” por parte de los partidos políticos, en un documento presentado ayer en las redes sociales de la Arquidiócesis de San Salvador. El documento expresa el compromiso público de los partidos signatarios de votar a favor de la reforma definitiva de los artículos 2 y 69 de estos derechos, recogió Fides.