Lo cuenta Friday Fax. Los miembros del Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría, están cada vez más preocupados por la intromisión de la administración Biden en la política interna guatemalteca. Acaban de enviar la segunda carta a la administración Biden exigiendo respuestas.

"Los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de USAID no tienen autoridad legítima para presionar por cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su Constitución o valores profundamente arraigados sobre la vida y la familia", se lee en la misiva dirigida al Secretario de Estado Anthony Blinken y a la administradora de USAID Samantha Power.

La preocupación parte de los avisos de los líderes guatemaltecos que han denunciado que el reciente apoyo sin precedentes a las políticas sociales liberales por parte del Congreso guatemalteco, generalmente de tendencia conservadora, se debe a presiones y amenazas directas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es que en el Congreso de Guatelama se están estudiando múltiples proyectos de ley sobre ideología de género y educación sexual integral, algo impensable en un país tradicionalmente conservador. 

La carta del Congreso estadounidense está encabezada por los representantes republicanos Warren Davidson y María Elvira Salazar que cuestionan el "mal uso de la influencia de la Administración en los asuntos legislativos del Congreso guatemalteco".

FridayFax recuerda que todo ello se produce cuando recientemente la administración Biden revocó las visas de más de 300 líderes cívicos y gubernamentales conservadores, incluidos familiares, citando actividad “antidemocrática”.

La carta advierte que “la agenda ideológica progresista de la Administración es una preocupación de seguridad nacional, ya que está aumentando el sentimiento antiestadounidense en el extranjero, particularmente en las naciones conservadoras”. Y dicen estar “preocupados por los informes sobre la participación de funcionarios del Estado en los asuntos guatemaltecos” y que era su deber “ejercer la supervisión del poder ejecutivo”.

En la misiva piden a Blinken y Power que proporcionen información sobre actividades relacionadas con funcionarios del gobierno de Guatemala. Además, se preguntan si se está amenazando con sanciones a miembros conservadores del Congreso guatemalteco que no apoyen la agenda legislativa del nuevo presidente. Los republicanos señalan también a las ONG, planteando la posibilidad de que estén recibiendo fondos de Estados Unidos para implementar “cambios ideológicos” y solicita información sobre las reuniones que los funcionarios de Biden, incluido el embajador de Estados Unidos en Guatemala, están manteniendo con miembros del Congreso guatemaltecos.

Curiosamente la carta se ha publicado cuando precisamente Blinken ha viajado a Guatemala, y es que, se cree que esta visita es una nueva muestra de apoyo a los recientes intentos del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, de derrocar al actual Fiscal General. Se trata de María Consuelo Porras que fue designada para un segundo mandato por el expresidente Alejandro Giammattei.

A Porras no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones que han servido a los nuevos mandatarios para pedir su dimisión. Por ejemplo, puso fin a un “acuerdo anticorrupción” con las Naciones Unidas conocido como CICIG que contaba con el apoyo de la administración Obama, por considerar denuncias de acciones ilegales del propio CICIG en Guatemala.

También registró la oficina de la organización no gubernamental internacional Save the Children por informes de abuso infantil . El ministerio emitió un comunicado de que Save the Children estaba siendo investigado por tráfico de niños para enviar niños guatemaltecos a Texas ilegalmente. También se puso en contacto con la oficina del fiscal de Texas para obtener ayuda en la investigación.

Poco después de estas medidas, llegó la campaña para derrocar al fiscal Porras, movimiento en el que parace que Biden está poniendo todo su empeño.