Este jueves la ley de vivienda comunista llegará al pleno del Congreso. El Partido Popular con su portavoz nacional Borja Sémper a la cabeza ya ha avanzado que se opondrá en la votación de la norma pactada entre el Gobierno, ERC y Bildu, es más, ha asegurado que "No descartamos nada" ante la pregunta de si Génova se plantea la vía judicial. Sémper ha reconocido que quieren conocer la ley antes de decidir si acuden al TC. 

El PP considera que el nuevo texto es un "chollo para los okupas" porque, a fuerza de imponer condiciones, lo que hace es "dificultar el procedimiento para que los propietarios recuperen sus inmuebles".

Y es que una de las cosas que parece que se incluirán en la ley es dificultar los desahucios de personas vulnerables que residan en viviendas propiedad de grandes tenedores. Se contemplará en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje para "dar tiempo suficiente para encontrar una solución habitacional" a las personas vulnerables. Entre los supuestos en los que se aplicaría pueden existir okupaciones ilegales por parte de personas vulnerables pero siempre en viviendas de grandes tenedores, para lo que "Se establece un mecanismo para evitar que sean desahuciados por no poder pagar un alquiler niños, ancianos, dependientes o víctimas de violencia de género". 

Desde el PSOE han mantenido que lo que buscan es "defender a las familias vulnerables", tratando de "no perjudicar a los propietarios". En este sentido aseguran que los okupas que se conocen como 'de patada en la puerta', es decir, que entran con violencia al inmueble, podrán ser expulsados de la vivienda en "en un plazo máximo de 48 horas". 

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos de okupación en España. Si únicamente se plantean desalojos en 48 horas para casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’, estas situaciones quedan fueran y los propietarios se ven obligados a comenzar un calvario judicial

A falta de conocer más detalles, el PP se acerca más a la realidad de la ley. Para empezar, las trabas a los desahucios sostienen que únicamente será para los grandes tenedores, pero la nueva ley establece que una persona con cinco inmuebles ya es gran tenedor, por lo que no sólo se refiere a cuando el propietario es un fondo o un banco.

Seguimos con la vulnerabilidad, cuando un okupa se declara en esta situación se comienza un procedimiento judicial para vislumbrar si efectivamente lo es, este proceso puede durar meses o años, en los que el okupa, supuestamente vulnerable, podrá permanecer en la vivienda de manera gratuita, mientras el propietario no puede recuperar la vivienda y tiene que seguir haciéndose cargo de los gastos de la misma. Por no hablar de los falsos casos de vulnerabilidad: desde mafias que alquilan a niños para que la policía les declare vulnerables, hasta okupas que dicen serlo mientras tienen un trabajo o conducen coches de alta gama. 

Y por último, la diferencia de los socialistas entre okupas violentos o los que no pueden pagar el alquiler. El PSOE obvia que esta diferencia ya está hecha: una cosa son los okupas y otra los inquiokupas. Los segundos son aquellos que primero son inquilinos, luego inquilinos morosos y pasan a inquiokupas que no quieren abandonar la propiedad arrendada pese a no pagar. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos de okupación en España. Si únicamente se plantean desalojos en 48 horas para casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’, estas situaciones quedan fueran y los propietarios se ven obligados a comenzar un calvario judicial. 

Y entre toda la polémica por los okupas, Podemos sigue exigiendo al PSOE, ahora pide incluir en la ley de vivienda la limitación de las plazas de apartamentos turísticos en zonas tensionadas, tal y como lo ha explicado Pablo Fernández, portavoz de la formación morada.