Recuerden que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá montó un autobús que iba a recorrer 40 municipios para informar y ayudar a tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Dentro del autobús iban funcionarios voluntarios de la Seguridad Social que realizaban los trámites administrativos necesarios a las personas que acudían para solicitar el IMV. El ministro se sentía orgulloso del éxito de convocatoria: no olvidemos que estamos hablando de ciudadanos que han tenido que acudir a un autobús para pedir el IMV para poder sobrevivir, pero a Escrivá le daba igual, es todo un éxito y punto. 

La intención era llegar al "máximo" de hogares. Según datos del Ministerio, "uno de cada cuatro" potenciales beneficiarios del IMV aún no conocían la prestación. Y es que, si la previsión del Gobierno era que llegaría a 850.000 hogares, han pasado más de dos años y el IMV a penas ha llegado a 500.000 hogares, y encima Moncloa anunciaba a bombo y platillo, como contamos en Hispanidad, que se ha llegado a 523.486 hogares. ¡Toma ya! ¡Ánimo, Ministro, en otros dos años, igual alcanzas el 80% de lo que prometiste! ¡Qué grande sos, Escrivá!

Y sin despistarnos de lo importante, el Ingreso Mínimo Vital, funciona de pena, y no deja de ser una limosna: un dinero que el Gobierno recoge de los ciudadanos que pagan impuestos y se lo ofrece a los necesitados, según el criterio del Ejecutivo... ¡a cambio de nada y se supone que para siempre jamás!

Ahora son los sindicatos los que denuncian el fiasco de este paga vagos: según ABC, CSIF, UGT y CC.OO han dado la voz de alarma y denuncian que es "una situación insostenible": "la prestación, lejos de dar solución al conjunto de la ciudadanía con especial vulnerabilidad, fracasa desde su puesta en marcha por la incapacidad de gestión del ministerio y del INSS debido a la falta de personal y la mala organización".

Según datos oficiales el 73% de las solicitudes son denegadas por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia. Aseguran desde los sindicatos que sólo se ha ejecutado el 56% del presupuesto destinado a la prestación, y aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios, que representan aproximadamente a 400.000 hogares. 

Además, los sindicatos aseguran que la prestación está gestionada por el personal de la Seguridad Social y por 1.050 interinos que se contrataron "precipitadamente" para gestionar la ayuda, pero que en serán cesados en septiembre de 2023, por lo que las gestiones serán aun más lentas por la falta de personal: "quedando el IMV como incremento de trabajo en convivencia con el resto de las prestaciones, que irremediablemente acumularán la carga de trabajo junto con la deficiencia actual de nuestras plantillas". Lo que se suma a la protesta de los funcionaros que, dicen, verán aumentada su carga de trabajo: "situación insostenible porque no se encuentra personal que asuma dichas tareas extraordinarias debido al carácter voluntario de las mismas".

Y sin despistarnos de lo importante, el Ingreso Mínimo Vital, funciona de pena, y no deja de ser una limosna: un dinero que el Gobierno recoge de los ciudadanos que pagan impuestos y se lo ofrece a los necesitados, según el criterio del Ejecutivo... ¡a cambio de nada y se supone que para siempre jamás! El IMV supone, de paso, el vaciamiento moral de España: ¿para qué trabajar 40 horas a la semana por 950 euros al mes si puedo cobrar 1.000 sin dar ni golpe?