Hace meses lo advertimos en Hispanidad, si la ley del Sólo sí es sí se convirtió en un coladero de rebajas de penas para los agresores sexuales, la reforma del delito de malversación apuntaba a que sería la puerta por la que saldrán de la cárcel incontables corruptos políticos.
La reforma del delito de malversación aprobada por los partidos de la moción de censura a finales del mes de diciembre establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas si no hay lucro directo y personal.
Es decir, sofisma Sánchez. El delito de malversación consiste en sustraer fondos públicos para fines privados, ya sean personales o corporativos. En el caso de los separatistas catalanes, el procés, y en el caso de los ERE de Andalucía, el PSOE andaluz. ¿Que no hubo lucro personal, como argumenta la izquierda? pues enhorabuena a los premiados, pero no cuela, porque en ambos casos sí se aprovecharon de la malversación, por ejemplo, para hacer uso de su poder político y/o para perpetuarlo. Pero Sánchez con su reforma consiguió que no sea malversación si no hay enriquecimiento personal.
Es más, avisamos que este cambio supondría una rebaja de condenas en casos no muy meidáticos, puesto que la malversación se da con frecuencia en ayuntamientos pequeños por desvíos de fondos con fines clientelistas.
Pues bien, ya tenemos al primer premiado y es... un socialista. Lo cuenta okdiario, el Tribunal Supremo ha reducido en año y medio la condena de prisión por malversación al exsenador del PSOE y ex alcalde de Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya, y a su secretario municipal.
La condena pasa de 4,5 años a 4 y la de su secretario, de 3 a 2 años. Tal y como indica, Moya malversó 70.000 euros vendiendo solares propiedad municipal, ya que parte del dinero de la venta no llegaba a las arcas del Ayuntamiento, el jurado determinó que el dinero "se lo quedó para uso propio el alcalde, con el conocimiento y consentimiento del secretario".
Pero la defensa entiende que con la reforma de Sánchez "no basta con que el dinero no se encuentre correctamente contabilizado, se tiene que probar si hubo apropiación, si hubo uso privado –y cuál– o si se dio una aplicación diferente al previsto para ese caudal público" y en la sentencia "no ha quedado probado ninguno de los usos típicamente previstos en el delito de malversación".
Y ojo, porque según informa el medio, Moya tendría otra causa abierta, en agosto se negó a declarar en otra causa en la que la Fiscalía le pide 7 años de prisión por quedarse presuntamente con dinero del municipio entre 2004 y 2006.