Siempre es bueno recordar aquella ya célebre frase de Pedro Sánchez, "¿De quién depende la fiscalía? Pues eso...". Sánchez sabe que quiere conseguir algo, la forma más fácil es cambiar la norma que le impide conseguir eso que desea y tomar el control del organismo. Lo ha demostrado con el nombramiento de numerosos altos cargos, con el asalto a la independencia de los jueces y con las modificaciones de todas las leyes que no están a su gusto.
Ahora usa a María Jesús Montero, que a trilera nadie le gana. Primero contenta a los funcionarios con subidas salariales, y ahora se cobra el favor con su anteproyecto de Ley de la Función Pública, en el que se incluyen las nuevas pruebas de evaluación del desempeño de sus labores, dichas pruebas serán anuales y obligatorias.
De no pasar las pruebas, los trabajadores públicos que han sido promocionados en su puesto, volverán al nivel anterior, además, los funcionarios podrán perder el complemento retributivo por buen desempeño y se prevé que también se les reste, total o parcialmente, la mejora salarial por su promoción.
La idea es que estas pruebas entren en vigor antes de que acabe la legislatura, aunque la propuesta no está cerrada por completo, y es que todavía está pendiente la negociación con los sindicatos, o al menos eso dice el Ministerio de Marisu, ¿la realidad? hará lo que le de la gana.
El asunto es grave, se trata de un nuevo asalto a la independencia, en esta ocasión, de los funcionarios. No olvidemos que entre los funcionarios hay médicos, fuerzas de seguridad o funcionarios de justicia, ¿quién pondrá los criterios de esas pruebas? ¿El Gobierno?
Lo que está claro es que las pruebas tendrán "efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas", y que un funcionario puede ser degradado. Aclaran que el cese del funcionario no se contempla, es decir, en principio no perderá su condición de funcionario, aunque puede ser degradado a un puesto inferior y si ya está en el nivel más bajo, el castigo será económico.
Lo que ocurrirá si el trabajador público obtiene "resultados negativos en la evaluación del desempeño" de forma "continuada", tampoco aclaran a qué se refieren con continuada. Y justifican las pruebas porque "constituyen uno de los instrumentos claves para mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos".
Los sindicatos no comparten la postura del Gobierno: UGT y CCOO de maneran conjunta tachan de "gravísimo" el que se "abra la puerta a remover a quien haya obtenido un puesto de trabajo por concurso en base a la evaluación del desempeño". Ven inadmisible que la evaluación se plantee en la Ley "como algo irrefutable" y advierten de que "la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad".
¿Qué pasará si un médico se niega a hacer abortos? ¿los funcionarios de justicia podrán seguir resolviendo según la ley y su criterio? Dicho en otras palabras, en nombre de la productividad, se acaba con la independencia de los funcionarios, y eso es gravísimo
A CSIF tampoco le gusta la propuesta y exige "la participación de los sindicatos para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de empleadas y empleados públicos" y denuncian "que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo".
El asunto es grave, se trata de un nuevo asalto a la independencia, en esta ocasión, de los funcionarios. No olvidemos que entre los funcionarios hay médicos, fuerzas de seguridad o funcionarios de justicia, ¿quién pondrá los criterios de esas pruebas? ¿El Gobierno? Por ejemplo, ¿qué pasará si un médico se niega a hacer abortos? ¿los funcionarios de justicia podrán seguir resolviendo según la ley y su criterio? Dicho en otras palabras, en nombre de la productividad, se acaba con la independencia de los funcionarios, y eso es gravísimo.