Desde Hispanidad hemos denunciado que Sánchez está obsesionado con derribar la cruz, "esa horrible cruz", como dijo la socialista Carmen Calvo, y como publicamos, Ayuso prepara la protección de la cruz del Valle de los Caídos con la nueva Ley de Patrimonio. El plan también pasa por la expulsión de la comunidad benedictina a cuyo frente está el prior Santiago Cantera, aunque ahí siguen resistiendo estoicamente, pese a no haber recibido ni un euro, de los que les corresponde, para la conservación de la Abadía. Las exhumaciones también están en el punto de mira del Gobierno, aunque como recogió Hispanidad, están paralizadas puesto que menos de 60 familias han pedido exhumar restos de sus familiares... frente a 258 familias que han pedido que no se toque a los suyos. 

Los motivos de la negativa de continuar con las exhumaciones no son pocos. El principal problema es el mal estado de las tumbas. En un informe forense del 2011 con Zapatero al frente se admitió que los restos óseos están esparcidos y mezclados, lo que hace que la inmensa mayoría de las identificaciones sean casi imposibles. Además, añaden, la Justicia reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos, pero también de aquellos otros que no quieren hacerlo, por no hablar del derecho a la digna sepultura.

Y más, en el Valle de los Caídos están enterradas unas 34.000 personas, de las que 12.510 no están identificadas, es decir, no se sabe si están allí o no. Esto es importante, porque de las 60 familias que han solicitado exhumar los cuerpos de sus familiares, la mayoría no están identificados. Pueden estar en el Valle o no. Ahora, el Gobierno pretende exhumar los restos de unas 60 personas que ni siquiera se sabe si están allí enterradas, lo que provocará un caos absoluto porque, a causa del mal estado de las tumbas, es casi imposible conocer con exactitud, antes de la exhumación, si en el osario reposan los restos que se buscan, además, en el proceso podrían extraerse restos mezclados que correspondan a otros enterrados.

Pues bien, pese a que parece lógico que el deseo de 258 familias no puede quedar vulnerado y nadie podría negar que el estado de las tumbas hace imposible la identificación. Ahora un juez ha citado a declarar como investigada por un delito de prevaricación a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, la popular Carlota López Esteban. La querella fue interpuesta por la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos por un supuesto delito de prevaricación por no reactivar la licencia de exhumación a los familiares de los denunciantes enterrados, para que Patrimonio Nacional pueda realizar las obras para acceder a las criptas de la Basílica.  

En la querella aseguran que en 2021 la Junta de Gobierno municipal acordó conceder la licencia, pero tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de paralizarlo, la edil tomó la decisión de no reactivar la licencia y esperar a que hubiera una sentencia firme, lo que los denunciantes considera que "vulnera la reparación de las víctimas". 

Un nuevo vaso en el objetivo del Gobierno Sánchez: derribar la cruz y desacralizar la iglesia -y expulsar a los monjes benedictinos- que fue elevada a Basílica Menor por el Papa Beato Juan XXIII, y convertirla -resignificarla- en un lugar de memoria histórica… republicana, naturalmente.