"No pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen", es la frase que más van en leer en los medios sobre la recién aprobada Ley Zerolo. Como ya es habitual en este Gobierno, esta afirmación es una verdad que enmascara una mentira, y una gran barbaridad. 

Vayamos por partes: efectivamente, ya tenemos un texto que protege nuestros derechos, la Constitución, que en su artículo 14 dice: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

La nueva ley recoge que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

Invierte la carga de la prueba, es decir, si hay indicios fundados de discriminación será el sospechoso quien deba probar que no la cometió. O dicho de otra forma: el inocente se convierte en presunto culpable, obligado a demostrar su inocencia

Visto así, sí, la ley no reconoce nuevos derechos pero, como siempre, la trampa no está en el primer párrafo, sino en la letra pequeña, que cuela de soslayo auténticas barbaridades. 

Para empezar, invierte la carga de la prueba, es decir, si hay indicios fundados de discriminación será el sospechoso quien deba probar que no la cometió. O dicho de otra forma: el inocente se convierte en presunto culpable, obligado a demostrar su inocencia, una constante socialista y podemita que ya nos es familiar en leyes como la del "Solo sí es sí" o en la normativa sobre delitos de odio, heredada y potenciada desde la época Zapater.

Y por ahí va esa Ley, porque incluye el antigitanismo y la aporofobia -odio al probre- como delitos de odio en el Código Penal. Y cuidado, porque esos delitos tienen cárcel. 

Para continuar con la sarta de barbaridades jurídicas y antropológicas, la Ley Zerolo, establece medidas para evitar "la discriminación laboral, sanitaria, el acceso a la vivienda o al ámbito educativo". Ejemplos: que no se niegue la entrada a un establecimiento a una persona negra o discapacitada, que no se le niegue la sanidad a nadie por ser lesbiana o que una persona de raza gitana pueda comprar una vivenda, visto así cualquiera aplaudiría esta ley. Pero, para empezar, ¿negar asistencia sanitaria por condición sexual?, suena raro, dado que el médico no tiene por qué conocer la "condición sexual" de su paciente.. Y para continuar, qué pasa si alguien dice que usted no le quiere vender su casa por razones de raza, ¿estará obligado a demostrar que no es así o incluso a vendérsela? 

Y ojo, porque aquí viene otro de los grandes temas, de ser considerado discriminador, se perderá, por ejemplo la financiaciación pública. Además, también se ha incluido la lucha contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad. O lo que es lo mismo, se perseguirá a los colegios de educación segregada y, si me apuran, a los concertados y privados (por motivos socioeconómicos, naturalmente). 

De la persecución de los españoles se encargará la Administración concernida en cada caso, pero se crea la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, vamos, un nuevo Defensor del Pueblo, pero que vigilará, investigará de oficio o a demanda, impulsará acciones judiciales y reclamará las sanciones, y el cargo, como no, será a propuesta del Gobierno. Una nueva comisión de la verdad. 

Y ojo, porque aquí viene otro de los grandes temas, de ser considerado discriminador, se perderá, por ejemplo la financiaciación pública. Además, también se ha incluido la lucha contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad. O lo que es lo mismo, se perseguirá a los colegios de educación segregada y, si me apuran, a los concertados y privados (por motivos socioeconómicos, naturalmente). 

Esta ley incorpora el 'por su seguridad, pase por caja', las multas irán de los 300 a los nada menos que 500.000 euros, y se destinarán a sensibilizar a la población contra estos prejucios. Y, aquí viene otra buena, para evaluar la cuantía de la multa se tendrá en cuenta "la intencionalidad, el daño, los afectados, la reincidencia y la repercusión social". Varios puntos, la intencionalidad, ¿cómo van a concoerla y/o medirla? Los afectados, ¿acaso hay discriminados de primer y segundo nivel? ¿Quién es más vulnerable, una persona con discapacidad o una persona LGTBI+?. Y cuidado con la repercusión social, entonces, un medio de comunicación o una persona con muchos seguidores en una red social, será mucho más culpable, ¿no? Dicho de otra forma, esto servirá como ley censora en la prensa.

Y ojo, porque, si es un trabajador público el que discrimina, la multa siempre llegará al tope, si un funcionario encargado de un procedimiento de extranjería, niega la nacionalidad, ¿multa?, si un juez niega la custodia a una mujer, ¿multa?, si un empleado público deniega una subvención y alguien se siente ofendido, ¿multa?.

En definitva, esta ley es un atentado contra la libertad de cada ciudadano, enmascarada de proteccionista por el bien social, más de lo mismo de este Gobierno, que cada día escala un peldaño nuevo en barbaridad, totalitarismo y restricción de la libertad. 

Y otra, ¿derogará todas estas leyes el señor Feijóo si es presidente en año y medio aunque ahora sus diputados hayan votado en contra? ¿A qué no?