La inserción laboral, tristemente, será una asignatura aún más pendiente con la crisis sanitaria y social que ha provocado el coronavirus. Y es que el 60% de las personas con discapacidad que se encuentra trabajando en la actualidad podría perder su empleo como consecuencia de la pandemia y la temporalidad de sus contratos.
Así se ha recogido en el informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE ‘Efectos y consecuencias de la Covid-19’ entre las personas de dicho colectivo que se presentó hace unas semanas. Tras una investigación en la que se ha remitido una encuesta online a más de 14.000 personas usuarias de la base de datos de Inserta Empleo y a través de las redes sociales, se han obtenido 1.460 respuestas. Una cuarta parte de los encuestados estaban ocupados; la mitad, desempleados; y uno de cada cinco, inactivos.
El 66% de los que estaban trabajando tenía un contrato temporal y el 61% llevaba menos de un año en la empresa. Unos datos que no colocan a las personas con discapacidad en buena posición y más teniendo en cuenta que de cada diez empresas en las que trabajan cuatro han aplicado un ERTE, dos han optado por el teletrabajo, una ha reducido la jornada laboral y una minimísima parte ha optado por los despidos.
El pasado abril se registró el número de contratos de personas con discapacidad más bajo desde hace 14 años, tras desplomarse un 74% anual
Así, cuatro de cada diez encuestados se han visto afectados por un ERTE, un porcentaje muy superior al de la población en general, y uno ha pasado al teletrabajo. Pero entre el resto de encuestados, la mitad está en desempleo: de estos últimos, casi la mitad afirma que lleva tiempo en esa situación y tan sólo uno de cada diez ha señalado que ha perdido su trabajo por la crisis económica provocada por el coronavirus. Además, el pasado abril se registró el número de contratos de personas con discapacidad más bajo desde hace 14 años, que registró un desplome del 74% respecto al mismo mes de 2019.
Un panorama poco alentador para perspectivas de futuro en el terreno laboral, de hecho, casi la mitad de los encuestados considera que resultará muy complejo encontrar un empleo. Y ante la falta de ingresos, afirman que tendrán que privarse de ciertos servicios y actividades de ocio, no podrán afrontar créditos e hipotecas y/o no podrán pagar suministros básicos.
Eso sí, el colectivo de personas con discapacidad está acostumbrado a no tenerlo fácil y la formación ha emergido como la clave para afrontar el complejo futuro socieconómico: de hecho, tres de cada diez encuestados reconoce estar invirtiendo su tiempo de confinamiento en esto. La informática, la administración, los idiomas, la salud, la seguridad, la prevención, la hostelería y la electromecánica son las materias en las que creen que es más adecuado prepararse.
Las empresas públicas y privadas que tienen 50 o más empleados están obligadas a que, al menos, el 2% de su plantilla tenga el certificado de discapacidad, según recoge la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social
Las empresas públicas y privadas que tienen 50 o más empleados están obligadas a que, al menos, el 2% de su plantilla tenga el certificado de discapacidad, según se establece en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (LGD), de finales de 2013. No obstante, pese a que dicho requisito es mínimo, la LGD incluye alguna excepcionalidad y medidas alternativas para facilitar que las empresas cumplan la ley mediante vías diferentes a la contratación directa cuando justifican la imposibilidad para incorporar trabajadores con discapacidad. Entre las medidas alternativas, están: un contrato con un Centro Especial de Empleo (CEE) o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria u otros bienes necesarios para desarrollar su actividad; la realización de donaciones y acciones de patrocinio a entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la inserción laboral o la creación de empleo de personas con discapacidad; constituir un enclave laboral, previa suscripción con un CEE, como medida de fomento de empleo de dicho colectivo.
Sin embargo, pese a las facilidades contempladas en la LGD, la inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo, tristemente, una asignatura pendiente. De hecho, sólo el 34,5% de la población con discapacidad en edad de trabajar están activos, es decir, 654.600 personas de un total de 1.899.800 personas, según los últimos datos del INE relativos al año 2018. Y ojo, porque el coronavirus va a poner las cosas más difíciles para este colectivo, a pesar de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, pues la pandemia ya ha provocado la destrucción de un millón de empleos, según ha recogido la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.