(Oído en radio, visto en TV) Ana Oramas-CC (TVE): “No ayuda que un vicepresidente como Iglesias haga unas declaraciones sobre el referéndum en el Sahara”

En TVE, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, criticaba a Pablo Iglesias tras pedir un referéndum en el Sahara en estos momentos: ”No ayuda que un vicepresidente como Iglesias haga unas declaraciones sobre el referéndum en el Sahara".

“Canarias no aguanta más. Canarias es un pueblo solidario, que hemos sido emigrantes. No se nos puede dejar tirados a los canarios”. “Canarias no se puede convertir en una Lampedusa o un Lesbos, en una jaula... No puede ser que se nos deje tirados por parte del Gobierno". Y propone "seguir con el control de PCR en la llegada, hacer un acogimiento provisional y hacer un plan de traslado de los migrantes a la península y a los países de origen, como se hizo en el año 2006".

En Onda Cero, Carlos Alsina opinaba: “Hoy el asunto estrella en el Congreso será la reforma educativa. La ley Celaá, que el gobierno siempre ha presentado como la encarnación del consenso y el acuerdo en contraposicion con la ley Wert, de la que siempre se dice que fue impuesta por el PP (lo que se quiere decir es que Rajoy tenía mayoría absoluta y aprobaba sus leyes con apoyo o sin apoyo de los demás grupos. La ley Celaá ha obrado el milagro de poner de acuerdo al PNV con el PdeCAT, los puigdemones (hasta aquí nada inusual) pero también con el PP, con Ciudadanos y con Vox. Dices: cielos, ¿en qué pueden estar de acuerdo Casado y Laura Borrás, Ortúzar y Abascal? O aún más insólito, ¿Ortúzar e Inés Arrimadas? Pues en la defensa de la escuela concertada. Todos estos grupos se apuntan a una enmienda del PNV para que los gobiernos deban garantizar que hay plazas para atender la demanda de las familias tanto en la escuela pública como en la concertada, no sólo en la primera. Aún no tienen apoyos suficientes para que la enmienda prospere, pero el solo hecho de ver juntos, o junts, en torno a una misma enmienda a todos estos partidos es una noticia, no muy grata para la coalición gubernamental”.

En Onda Cero, Rubén Amón lanzaba sus preguntas: “¿Cuántas veces dirías que Sánchez mencionó a Bildu en la sesión de control de ayer? Ninguna.

¿Están volviéndose a ocultar o manipular las cifras de muertos del coronavirus? No salen las cuentas. Y no cuadran 10.000 cadáveres desaparecidos. Ya siento ser tan poco delicado.

Más cifras inverosímiles. ¿Creéis posible que el PSOE mantenga una distancia de 12 puntos con el PP? Así lo certifica la cocina creativa de Tezanos.

¿No está siendo un poco frívola la carrera por la vacuna? Más bien parece una puja. Pfeizer sostiene ahora que la suya adquiere una eficacia del 95%”.

En Onda Cero, Fernando Ónega reflexionaba: “Tradicionalmente, los conflictos que tenían algo que ver con Marruecos se resolvían con dinero, llamada de rey a rey y, si el conflicto era muy grave, mediación de Estados Unidos. La crisis de hoy es más compleja.

Es una crisis humanitaria, con un hacinamiento en Arguineguín que no se entiende cómo nadie la supo prever. Es crisis de autoridad; porque se efectúa el traslado de 200 migrantes sin nadie que se haga responsable de esa decisión. Es una crisis de Estado autonómico, porque Canarias se siente abandonada y eso estimula la teoría del agravio. Y es una crisis diplomática que astutamente Marruecos desvía hacia el Sahara y el gobierno español aparece dividido, con un Podemos que va otra vez por libre y provoca a Marruecos resucitando el viejo tema del referéndum de autodeterminación.

La gravedad de la crisis está, pues, en que tiene múltiples frentes y exige mucha coordinación. Esa gravedad aumenta por la bisoñez del gobierno español, que no supo calibrar el origen del conflicto y ahora no sabe encauzarlo. Sigue aumentando si se observa que las migraciones ahora dependen de dos ministerios, Interior y Seguridad Social, más las cucharas que guste meter y mete el Vicepresidente Segundo.

Y se vuelve difícilmente soluble si tenemos también dos políticas exteriores: la teóricamente oficial del Ministerio y la de Pablo Iglesias con el Frente Polisario. La situación, por tanto, no es que sea grave. Parece fabricada en la factoría del caos”.

En la SER, José María Izquierdo se quejaba: “Ignora el Ojo si Pedro Sánchez es creyente de alguna religión y si acostumbra a invocar a algún dios cuando enferma de desesperación, que es de suponer que alguna pájara ya tendrá que superar.

De invocar al altísimo, sea cual sea, debe llevar un tiempito clamando porque se acabe pronto la tortura de negociar los Presupuestos, y el día soñado, el 29 de diciembre, ¡oh, jornada gloriosa si así culminara!, poner fin a la tortura.

Pensarán ustedes que es la cruel oposición la que castiga con látigos o da vueltas al potro. Se equivocan. Lo peor es tener que aguantar a los Iglesias, los Rufián, los Otegis y otros magníficos amigos, imprescindibles para las cuentas, que la suma de diputados es la que es, pero que hay que ver de qué pasta están hechas sus lealtades.

Pactar la general y dos minutos después montar un numerito con cualquier pretexto, pero siempre con muchos micrófonos, roza la desfachatez. Un apunte: parece que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto de los inmigrantes en Canarias. Mucho han tardado”.

En la SER, Ángels Barceló apuntaba: “Más escenas de ayer. Pedro Sánchez evitando referirse, en sus intervenciones, a los acuerdos con Bildu, a pesar de las preguntas directas de Casado o Arrimadas. Pero en la misma escena insistiendo, a pregunta de Aitor Esteban, que el PNV es socio preferente del gobierno, por si había alguna duda o por si duele el callo que el gobierno le ha pisado al PNV tras el acuerdo con los abertzales. Por cierto que el PNV le pide al presidente del Gobierno que dé un puñetazo sobre la mesa del Consejo de Ministros porque Unidas Podemos está distorsionando las reglas del juego, las relaciones con otros partidos, en este caso el PNV.

Y una última escena. La diputada de Coalición Canaria amenazando con echarse al monte y volverse independentista, porque visto los acuerdos del gobierno con independentistas y abertzales, Ana Oramas se pregunta si Canarias tiene que resucitar al Movimiento para la Independencia de Canarias para que les hagan caso.

Pues así está el ambiente en el Congreso que hoy vota una nueva ley educativa, la ley Celaá, la octava de nuestra democracia, y que ya pueden imaginar que no será la última”.

En la COPE, el economista José María Gay de Liébana destacaba: “Una regla de prudencia y buena diligencia, Don Carlos, es la de no concentrar todos los huevos en la misma cesta y diversificar, para mitigar riesgos y disponer de más bazas para jugar sobre un tapete en el que algunas jugadas pueden salir mal y otras bien. Me da la impresión que la UE con lo de la vacuna de Moderna la ha pifiado. Bruselas tendría que disponer de acuerdos con todos los laboratorios involucrados en el desarrollo de las vacunas. Este hándicap resta fuerza para volver a la normalidad de nuestras vidas e impacta en la economía europea y española. Otro furúnculo, que no por esperado es menos impactante, y veremos cómo reaccionan los mandamases europeos, es el obstáculo a los presupuestos europeos por parte de Hungría y Polonia y el frenazo que supone para los tan cacareados 750.000 millones de euros de fondos europeos de la recuperación, el Plan Marshall, de los que España ya ha metido 27.000 millones en los presupuestos de 2021, que ahora están en el aire y veremos qué pasa.

Curiosamente, Don Carlos, ni Hungría ni Polonia necesitan desesperadamente esa, por acá, anhelada lluvia de dineros europeos. Los magiares el pasado año tuvieron un déficit público del 2,1%, sí, pero su deuda pública es del 65% sobre el PIB. Y los polacos, cerraron 2019 con un diminuto déficit del 0,7% y una deuda de solo el 45% sobre el PIB. Y en ambos países, su economía cae durante este año mucho menos que en España: -4,7% en Hungría y -2% en Polonia. Aquí, Don Carlos, la deuda pública, en septiembre, ya supera 1,3 billones de euros, 114,1% del PIB, aumentando desde 2019 en 120.000 millones de euros. Y se agitan las dudas sobre la Seguridad Social cuya deuda es de 74.855 millones de euros cuando en 2015, cinco años antes, era de 17.188 millones. No sé si aguantaremos tanta deuda pública y si la Seguridad Social resistirá, Don Carlos, no sé, no sé…”.